Como congresista nunca he perdido de vista que los funcionarios estamos al servicio de la Nación. En ese espíritu hemos laborado denodadamente en la presidencia de la Comisión de Constitución del Congreso, desde marzo 2020 hasta el 1ero de febrero del presente año, realizando una de las labores más productivas de reforma política y legislativa de los últimos tiempos; pese a las restricciones de inmediación que imponía la pandemia.
Desenvolviéndonos muchas veces al límite, a riesgo de nuestra propia salud, logramos sacar adelante dictámenes emblemáticos ya convertidos en ley del Estado, como el de la paridad y alternancia de género a partir de las actuales elecciones generales, permitiendo la misma participación de hombres y mujeres en la vida política del país. Igualmente lo hicimos con el dictamen, también convertido en la Ley N° 31031, que crea el Distrito Electoral 27 para los peruanos en el extranjero.
Conscientes de que uno de los peores azotes de nuestra historia ha sido la corrupción política, aprobamos el dictamen que ha dado lugar a la Ley N°31042, que establece impedimentos para postular a cargos públicos, con lo cual nunca más tendremos funcionarios electos con sentencia penal condenatoria, así sea en primera instancia. Asimismo, el de la Ley N° 31046, que aprueba las normas sobre el financiamiento de los partidos políticos, para evitar el ingreso de plata sucia del narcotráfico, minería ilegal, corrupción o criminalidad organizada.
Por si fuera poco, y en base a nuestro proyecto de ley, se aprobó Ley N° 31118, que elimina la inmunidad parlamentaria; con lo cual se acabó la posibilidad de impunidad que, lamentablemente, buscaban algunos personajes al postular al Congreso en los últimos 40 años de nuestra historia reciente.
Por otro lado, como salir del subdesarrollo implica invertir en educación, investigación y ciencia, a iniciativa de nuestra bancada parlamentaria, hemos aprobado el dictamen ya consagrado en la Ley N° 31097, por la cual se dispone destinar el 6% del PBI a ese sector, como lo establece la OCDE para ser considerados un país desarrollado.
La lista es extensa, y solo añadimos que también logramos aprobar el dictamen que establece asignar 6% del PBI al sector salud, para que el Perú no vuelva a sufrir la devastación que nos está dejando la pandemia, y que ya tiene aprobación del Pleno en primera legislatura. Sumemos a ello los dictámenes de eliminación de pensión vitalicia, así como el juicio de residencia temporal a los expresidentes de la República.
Por lo tanto, con las credenciales y experiencia de trabajo cumplido, queremos seguir aportando al Perú desde el Parlamento Andino, en el periodo 2021-2026, para, entre muchas otras cosas: impulsar la reactivación e integración económica de las PYMES; gestionar pensiones de los trabajadores y seguros de salud comunitarios; convalidación de estudios y homologación de grados y títulos en cualquier país de la Comunidad Andina; y, agilizar los procesos de extradición y/o expulsar de inmediato a su país de origen a quienes estén requisitoriados por la justicia. No más impunidad.
(*) Candidato al Parlamento Andino Nº 1 Alianza para el Progreso
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