Martín Vizcarra, quien ahora es candidato congresal por Somos Perú, busca evitar que lo inhabiliten de ejercer un cargo público por un periodo de diez años
Este lunes, el expresidente Martín Vizcarra, presentó una acción de amparo contra el Congreso de la República ante el Poder Judicial para bloquear el proceso que busca inhabilitarlo por 10 años de ejercer un cargo público.
A través de su cuenta de Twitter, el ahora candidato al Congreso por Somos Perú compartió la imagen de la demanda suscrita por su abogado Fernando Ugaz confirmando dicha noticia.
“La democracia y el Estado de Derecho no pueden permitir estos atropellos. Confío que se atenderá nuestro pedido, el Congreso no está por encima de las leyes ni la Constitución. Los derechos de los ciudadanos deben respetarse”, afirmó Martín Vizcarra.
“La inhabilitación express planteada por el Congreso vulnera el debido proceso, por eso he presentado una acción de amparo ante un Juzgado Constitucional”, agregó.
La demanda presentada por el exmandatario argumenta que el parlamento afecta diversos principios constitucionales, como los de legalidad, comunicación previa y detallada de los hechos atribuidos, debida motivación, tribunal imparcial, plazo razonable para ejercer la defensa, de participación política y elección.
Como se recuerda, el viernes 2 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso envió a la Comisión Permanente el informe final de las denuncias constitucionales 423 y 427 contra Martín Vizcarra por su vacunación irregular contra la Covid-19 con las dosis extras enviadas por el laboratorio chino Sinopharm.
Dicho informe final recomienda la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo de 10 años contra Vizcarra.
En el caso de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, se recomienda una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por ocho años ya que habría incurrido en una infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política.
Asimismo, se recomienda la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por un año contra la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.
