El tema debe ser llevado a la Asamblea General de la OEA, considera abogado Humberto Abanto.
REYNA CÁRDENAS A.
Un precedente funesto es el que habría terminado estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al ratificar su decisión de disponer el archivamiento de la investigación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que era llevada a cabo por el Congreso de la República.
Así lo consideró Humberto Abanto, abogado de los marinos comprendidos en el caso El Frontón. Como se recuerda, estos 4 miembros del TC fueron denunciados luego de que se conociera que variaron el voto de un anterior integrante de dicho colegiado (el exmagistrado Juan Vergara Gotelli) en una sentencia del 2013 referida a dicho proceso.
Para el jurista, la resolución de la Corte IDH que favorece a estos magistrados convalida la violación del principio de seguridad jurídica, “porque ahora resulta que si mañana cuatro magistrados nuevos del Tribunal Constitucional deciden que lo que decidieron los anteriores está mal, lo van a anular, así de sencillo”.
En ese sentido, manifestó que en términos procesales no hay mucho que hacer al respecto, y que lo que debería ocurrir más bien es una reacción institucional y política del Estado peruano ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque se han consumado otras irregularidades más con esta decisión del ente supranacional.
El jurista mencionó por ejemplo que la Corte no puede dictar una medida definitiva a través de un mandato provisional, como ha ocurrido en este caso, ni tampoco hacerlo a favor de quienes no fueron beneficiarios de la sentencia, en relación a un juicio que está en trámite y que no tiene ningún obstáculo.
“Además, lo hace violando las reglas de subsidiaridad, porque a la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] solamente se puede llegar cuando se agotan los recursos internos y aquí no se ha agotado ningún recurso interno. El procedimiento recién comenzaba en el Congreso”, señaló Abanto.
Se contradicen
Mencionó los casos Neyra – Alegría y Durán – Ugarte, en donde la Corte IDH estableció que no hubo graves violaciones de derechos humanos, es decir, no hubo ejecución extrajudicial, no hubo desaparición forzada ni hubo tortura, que son las tres más graves violaciones de derechos humanos en el concepto de la jurisprudencia de la Corte.
“Si esto no se había dado, sino que era nada más que un uso indiscriminado de la fuerza, como es que la Corte [IDH] puede validar la calificación de los hechos como crimen contra la humanidad por parte de la justicia peruana, es un despropósito”, sentenció Abanto Verástegui.
Quieren gobernar
El abogado manifestó además que estamos ante un organismo corrompido por “intereses funestos”, como los que representaron en su momento Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina o Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil.
“Entonces, aquí no queda más que iniciar la gran pelea para reformar el Sistema (Interamericano de DDHH), y para remover de la Corte a estos jueces que se han querido erigir en gobernantes del continente”, consideró Abanto.
Manifestó que la intromisión de la Corte IDH en asuntos de un Estado es legítima siempre que sea para defender derechos fundamentales. Lo paradójico –agrega–es que este organismo, creado para defender a los ciudadanos de los abusos de poder, ahora termina defendiendo a los que abusan contra esos ciudadanos a los que debería defender.
