Defensa legal de etnocacerista está a la espera de que se fije fecha para la vista de la causa
REYNA CÁRDENAS A.
Tal como lo consiguió el expresidente Ollanta Humala, su hermano Antauro busca alcanzar su libertad en el Tribunal Constitucional (TC), pues ya sus abogados han presentado la documentación con la que argumentan la vulneración de los derechos del mayor en retiro del Ejército Peruano.
Se trata de un “recurso de agravio constitucional” que fue admitido por el máximo intérprete de la Carta Magna el 26 de junio pasado, y a través del cual se busca que la entidad que preside Ernesto Blume ordene la libertad del inculpado por el “Andahuaylazo”, luego que la justicia ordinaria rechazara el hábeas corpus que buscaba el mismo desenlace, pero sin buenos resultados.
LA RAZÓN dialogó con el abogado Edgardo Olórtegui Huamán, integrante del equipo legal detrás del líder etnocacerista, quien admitió que ya se mueven las piezas en el TC para lograr la tan ansiada libertad de su defendido.
“Técnicamente se llama recurso de agravio constitucional, que ya fue admitido por la sala y ha sido remitido al Tribunal Constitucional el día 26 [de junio]”, dijo el letrado, encargado del hábeas corpus de Humala Tasso.
Olórtegui –quien se mostró más que confiado en que su propósito se convertirá realidad–, señaló que se espera una respuesta a más tardar en 30 días, como es que se resuelven normalmente este tipo de procesos.
“Espero que sea dentro de 30 días que se vea, como debería ser, aunque aquí hay que tener buen apellido, tener dinero o ser unos políticos corruptos para ser atendidos inmediatamente”, refirió tras agregar que es muy probable que antes de Fiestas Patrias Antauro Humala Tasso pueda estar en libertad. “Tal vez, tal vez, tal vez [se dé antes de 28 de julio]. Estamos trabajando en eso. Por buen camino está la cosa”, acotó.
LO QUIEREN BAJAR
Respecto al proyecto de ley presentado hace unos días en el Congreso, que busca evitar que Antauro Humala pueda ser candidato a la Presidencia de la República, Olórtegui Huamán consideró que detrás de esto hay una campaña para evitar que su patrocinado llegue a Palacio, pues temen que accione frente a los líderes políticos involucrados en delitos de corrupción.
“Todos estos partidos son los que promueven [esas leyes], con sus líderes que ya conocemos, totalmente cuestionados, pero como tienen el control, tienen el poder actualmente, el poder formal por lo menos, tienen esa facultad, pueden hacer eso, impedir candidaturas”, indicó.
Según el proyecto de ley 2357 –de autoría de Alberto de Belaunde–, se busca modificar los artículos 107 y 113 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para precisar que no pueden postular a la Presidencia y Vicepresidencia de la República personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso, entre ellos el delito de rebelión, lo que alcanzaría al etnocacerista.
“Ese proyecto de ley es de un contenido netamente político, y hasta delincuencial, se puede decir, porque es para ocultar sus responsabilidades. ¿Qué sustento legal puede haber en impedir candidaturas?, en realidad no hay ninguno; moral menos, ellos no tienen ninguna capacidad moral para impedir candidaturas de nadie, al contrario, ellos no deberían presentarse a las elecciones”, sostuvo el defensor de Humala.
Insistió en sus críticas hacia quienes están detrás de este tipo de proyectos, y resaltó que la postura política de su defendido tiene un trasfondo “limpio y transparente”. “Los corruptos, los que siempre han manejado este país como les da la gana tienen miedo a las propuestas de quienes quieren cambiar este país”, indicó.
Edgardo Olórtegui forma parte de la defensa legal de Antauro Humala junto a Carmen Huidobro, Betsabé Márquez e Ítalo Orihuela. Cada uno de ellos está encargado de una estrategia específica en el caso del autor del “Andahuaylazo”.
