Ante un tribunal penal, todos acusados por delitos financieros en la compra de un edificio de lujo en Londres
Un prominente cardenal italiano fue una de las 10 personas enviadas a juicio en el Vaticano el sábado acusadas por la Santa Sede de delitos financieros que incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
El cardenal Angelo Becciu, un ex alto funcionario de la administración del Vaticano, así como dos altos cargos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Vaticano, serán juzgados el 27 de julio por un escándalo multimillonario que involucra la compra por parte del Vaticano de un edificio en un barrio exclusivo de Londres.
El juicio generará mucho interés mediático en la pequeña ciudad-estado rodeada por Roma y parece subrayar la determinación del Papa Francisco de sanar las finanzas del Vaticano.
Becciu, de 73 años, a quien el Papa destituyó el año pasado por presunto nepotismo, aunque siempre ha mantenido su inocencia, se convierte en el funcionario del Vaticano de mayor rango acusado de delitos financieros.
Papa autorizó denuncia
El Papa dio personalmente la aprobación requerida la semana pasada para que Becciu sea procesado, según una solicitud de acusación de 487 páginas vista por Reuters. El Vaticano anunció los cargos en un comunicado de dos páginas.
Los cargos contra Becciu incluyen malversación de fondos y abuso de poder. Una italiana que trabajaba para él fue acusada de malversación y el ex secretario personal del cardenal, el sacerdote Mauro Carlino, fue denunciado por extorsión.
En un comunicado difundido el sábado por su entorno, el purpurado se dijo “víctima de un complot” y clamó su “inocencia absoluta”. Además, dijo tener prisa por explicarse tras denunciar que lo pusieron en la “picota mediática”.
Número dos
El influyente cardenal era el número dos de la Secretaría de Estado, la administración central de la Santa Sede, cuando el procedimiento de compra del edificio londinense comenzó en 2014.
Entre los otros acusados, el suizo René Brülhart, expresidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), y gendarme financiero de la Santa Sede, debe responder por abuso de poder.
El perjuicio para el Vaticano ascendería a varios cientos de millones de euros, según la prensa italiana.
