Con la asunción del nuevo gobierno, se vienen nombrando funcionarios en las diversas reparticiones públicas, lamentablemente no todos con los requisitos, características, calificaciones y experiencia que sus altas responsabilidades exigen.
Nuestra Constitución (art. 39) preceptúa que “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación” y, el artículo que sigue a dicha disposición, remite a la ley la regulación del ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos, no comprendiéndose en la carrera pública a quienes desempeñan cargos políticos, entre ellos los provenientes de elecciones, y los cargos de confianza, por la propia naturaleza de sus tareas.
Las importantes funciones, atribuciones y competencias de los altos funcionarios administrativos, sean políticos o no, tienen que cumplir con las condiciones que las leyes y reglamentos de la República señalan. No cualquier persona puede ser nombrada en cualquier puesto, ya que muchos de ellos reclaman título profesional o grado académico, determinado número de años en otras funciones públicas, acreditar solvencia moral, tener experiencia en las materias que manejarán, pues si ello no fuese así seguramente no podrían cumplir con las obligaciones que se les encomienda, con eficiencia y en forma oportuna.
Rememoremos que la institución del Estado encargada de la formación de servidores públicos de alto nivel es SERVIR, por lo que sería deseable que el personal que se escoja tenga dicha procedencia.
Por lo demás, acceder sea al gobierno central, a los gobiernos regionales y a los municipios, no es tomar un botín ni haberse sacado la lotería, se trata de servir a la Nación, por lo cual hay que escoger a los mejores que puedan garantizar un ejercicio cabal y ético de los cargos para los que se les escoge y contrata.
Tampoco los organismos del Estado están para tomar parientes desempleados, ello es nepotismo y está prohibido por la normatividad legal, como tampoco es lógico que del erario nacional tenga que salir vía remuneraciones, la retribución de los servicios de campaña hechos a candidatos ganadores. Si desean retribuir servicios de campaña, que los hagan con su peculio y no de los impuestos que sufragamos los contribuyentes.
No es tampoco dable que cuando se llega a un altísimo cargo de la administración se cambie a todos los directores generales, directores y sub directores, pues lo lógico y deseable es optar por la carrera administrativa para ello y, solo cambiar a los de cargos políticos y de confianza.
Los funcionarios públicos deben ser retribuidos adecuadamente, con salarios, jornales, sueldos u honorarios que satisfagan sus necesidades personales y familiares y que les permita vivir con el decoro correspondiente. En caso contrario no se conseguirá la eficiencia querida y muy probablemente migrarán a la actividad privada, que con seguridad los acogerá en sus organizaciones.
Pretender populacheramente reducir las retribuciones a los altos funcionarios públicos, lo único que logrará es que sean personas sin preparación, sin experiencia y quizás hasta sin comportamiento ético, las que lleguen a prestar servicios al Estado. Ya antes se cometió el mismo error por lo que como dice el refrán “no se debe tropezar con la misma piedra”.
