EDUARDO FARAH H.
¿Qué hacer frente a empresas que prestan servicios públicos y que ya sea por la naturaleza de tales servicios u otros factores abusan de su posición dominante y monopólica en el mercado? Entonces ¿Qué hacer por ejemplo, frente a una empresa que presta el servicio público de suministro de gas natural y que a toda costa pretende desconocer el alcance, no solo de la legislación vigente y aplicable al particular, sino ciertos pronunciamientos de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios – JARU – OSINERGMIN?
En estos pronunciamientos se incluyen los que resolvieron determinados reclamos en favor de usuarios que los efectuaron, conforme los procedimientos establecidos por ley.
¿Qué poder oculto ostentaría una empresa que continuamente se da el lujo de amenazar con cortar el suministro a los usuarios del servicio si estos no aceptan cualquier condición que pretendan y/o sino suscriben contratos “modificados”, sin haber mediado opinión objetiva alguna previa, de tales modificaciones, por parte de sus clientes y/o usuarios?
Hay que tener presenta que esta imposición violenta el principio constitucional de la no retroactividad de las leyes, ya que sus pretensiones mayormente tienden a cambiar las condiciones contractuales originales como viene aconteciendo en estos últimos días, en que se viene conminando a los usuarios a suscribir si o si un nuevo contrato.
Los usuarios, si no se someten, se procedería a resolver el contrato vigente, cuya consecuencia sería cortar el servicio de suministro.
Es que acaso y tal como ha quedado plasmado en diversos documentos oficiales, la política del gobierno es la masificación del uso del gas natural, que es un hidrocarburo con que cuenta nuestro país y siendo así, quien defiende a los empresarios que apostaron y realizaron inversiones importantes en actividades concernientes a la comercialización de gas natural y a sus usuarios.
Las respuestas deben brindarlas en un breve plazo las autoridades y accionar con la mayor brevedad, de manera oportuna y contundente contra los representantes y las propias empresas que prestan servicios, especialmente si son públicos, de forma tal que bajo ningún punto de vista abusen de su condición que como en este caso son contrarias a la propia política del Estado.
Además de contrarias, finalmente perjudican no solo a los empresarios sino al público usuario que está retornando al uso de combustibles derivados de hidrocarburos con los que no cuenta nuestro país, lo que conlleva mayor importación y el incremento negativo de nuestra balanza comercial u otros menos amigables con el medio ambiente.
