SERGIO TAPIA T.
En estos días que se desmoronan los cuadros de funcionarios de las diversas instituciones estatales de la administración de justicia (poder judicial, consejo nacional de la magistratura y fiscalías). Años antes, la inmoralidad y el escándalo afectó a los gobernadores regionales. Hace pocos meses la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional ha sido cuestionada por conducta inconstitucional y delictiva por cambiar sentencias, en los casos El Frontón y Bonos de Reforma Agraria, así como por presumir de doctorado académico cuando se carece. Desde hace un tiempo, el Congreso de la República ha debido de expulsar de su recinto, por prácticas delictivas y contra la ética, a varios de sus miembros. Hace muy pocos meses, el presidente Kuczynski fue defenestrado por incapacidad moral para el ejercicio del cargo. Y, su reemplazante, el presidente Vizcarra, acaba de ser denunciado por dos escándalos financieros y contractuales, hechos delictivos vinculados cuando ejercía de gobernador regional de Moquegua, estando aún pendiente de discernimiento fiscal/judicial el problema de la deshonesta contratación de la remodelación del aeropuerto del Cuzco, cuando ejerció no hace mucho, de ministro de transportes.
Lamentablemente los enfoques son diferentes y sectarios, no faltan por parte de algunos. Como no es de extrañar, por los marxistas-caviares que se han instalado como cortesanos que formulan reformas anticorrupción en la administración de justicia, cuando de ellos ha dependido no solo las permanentes reformas de ese sector del Estado, sino hasta de su conducción y provisión de cuadros.
A este oleaje de descubrimiento de la epidemia de la corrupción que carcome nuestra institucionalidad, se suma la Organización de Naciones Unidas (ONU), un complejo sistema de organismos internacionales sostenido económicamente por los estados, y que ha sido tomado por intereses corruptos e inmorales, y es manipulado a su antojo por agentes del marxismo-caviar. Según denuncias recientemente difundidas de masivo acoso sexual a empleadas, de inmunidad diplomática a favor de políticos corruptos de izquierda, como estos botones de muestra: la expresidenta de Chile Bachelet que tiene causa judicial pendiente por corrupción en su campaña electoral que también compromete a su hijo; la hija de Hugo Chávez de la que se estima tener una fortuna de 4 mil millones de dólares por corrupción coludida con el gobierno kirchnerista de Argentina, y la frustrada tentativa de Nadine Heredia de asumir funciones en la FAO).
En los últimos días se han manifestado otros hechos de corrupción de funcionarios y de tráfico de influencias. Ninguno ya por los recurridos chuponeos telefónicos. Uno con intervención filmada por la fiscalía contra un vocal superior, cobrando una coima para favorecer a un litigante.
El otro, de tráfico de influencias, en doble vertiente por funcionarios caviares de la ONU y por nuestro Ministro de Educación.
Por parte de la ONU, ante el mismísimo Vizcarra nuestro presidente de la República, tal como consta por escrito en el “mandato OL PER 2/2018” firmado por la Relatora de Educación y por la Presidenta de Discriminación de la Mujer, pidiendo intervención para que se resuelva a favor de los intereses de la ideología de género, el juicio del colectivo Padres en Acción en defensa de los derechos constitucionales contra la introducción de la ideología de género en el currículum escolar. La otra vertiente, y en el mismo sentido, la gestión de intereses que el ministro de educación ejerce, según anunció públicamente, ante el nuevo presidente de la Corte Suprema, para que se seleccionen dosn jueces supremos favorables a los intereses particulares del Ministro, en ese juicio.
Esto debe investigarse a fondo, para eso esperamos del Congreso: investigación, interpelación y admitir e investigar las denuncias constitucionales que pronto habrán de presentarse.
