Las declaraciones del presidente Pedro Castillo a CNN sobre asuntos internacionales son sumamente delicadas porque proyectan su absoluto desconocimiento sobre la materia y pueden comprometer la soberanía nacional y los intereses de la nación.
Preocupa especialmente que Castillo diga que consultará al pueblo si se otorga o no salida al mar a Bolivia, comentario alucinante y reñido con la Constitución, que señala como una de sus obligaciones «la defensa de la República, de la integridad territorial y de la soberanía del Estado» (art 118).
Un referéndum sobre ese tema, además, no está considerado en la carta fundamental ni en alguna norma legal, lo cual convierte su propuesta en impracticable. Más aún considerando que el Art 32 de la Constitución expresa que no puede someterse a consulta popular o referéndum «los tratados internacionales en vigor».
En este contexto, debemos recordar que precisamente se encuentra en vigencia el Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, que incorporó a Tacna al Perú y dejó a Arica a Chile; y que en su protocolo complementario indica que «Los gobiernos del Perú y de Chile no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de esta misma fecha, quedan bajo su respectivas soberanías, ni podrán, sin ese requisito, construir, a través de ellos, nuevas líneas férreas internacionales».
Es decir, si el Gobierno peruano pretende ceder territorio a Bolivia tendrá que contar con la autorización o anuencia previa de Chile. Y, desde luego, del Congreso de la Republica. Por donde se mire el planteamiento de Castillo no tiene sentido.
Quizás, igualmente, el mandatario desconoce el acuerdo denominado Boliviamar, firmado por los entonces jefes de Estado Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora el 24 de enero de 1992, facilitando al gobierno del altiplano una playa de cinco kilometros de costa por 800 metros de ancho, sin soberanía. Más adelante, durante la administración del presidente Alan García, el 2010, ese acuerdo fue ampliado con el propósito de que Bolivia construya un puerto y centros de almacenamiento, y que los empresarios de esa nación gocen de todas las facilidades para sus inversiones.
Sin embargo, lo que Bolivia desea es contar con soberanía plena, por lo cual presentó una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que perdieron. Ello explica, asimismo, que no hayan utilizado el proyecto Boliviamar, que está abandonado y con el cartel de la inauguración despintado y semidestruido.
Bien haría el presidente Castillo, en consecuencia, en rectificarse de un planteamiento ilegal que lo distancia de la población y que le traerá serios problemas con el Parlamento.
En ese sentido, el Gobierno debería convocar a los embajadores políticos que lo respaldan y miembros del servicio diplomático en situación de retiro –como el Canciller Oscar Maurtua, Manuel Rodríguez Cuadros, representante en Naciones Unidas y Harold Forsayth, en la OEA– con el propósito de que lo ilustren sobre aspectos sustantivos de la política exterior. Y también para revisar lo actuado hasta la fecha, que nos está deslizando hacia el ámbito diplomático de las dictaduras del socialismo del siglo XXI.
