Las penas para las personas que realizan estas terapias van desde los tres hasta los cinco años de prisión
El parlamento de Nueva Zelanda aprobó el proyecto de ley que prohíbe la realización de las terapias de conversión con 112 votos a favor y solo ocho en contra. El viceprimer ministro Grant Robertson, quien declaró públicamente su homosexualidad, señaló que esta nueva ley pone fin a “un error hiriente, insidioso y destructivo”.
La nueva legislación fue una de las promesas electoral de la actual primera ministra Jacinda Ardern.
Con respecto a las sanciones, la ley contempla una pena de hasta tres años de cárcel si se aplica este tipo de terapias a una persona menor de 18 años de edad o una incapacitada para tomar decisiones. La sanción puede aumentar hasta cinco años de cárcel en el caso de que la terapia de conversión cause un daño grave a la persona, sin importar la edad del afectado o afectada.
Asimismo, la nueva legislación permitirá a las víctimas de las terapias de conversión poder reclamar en los tribunales civiles una indemnización por los daños recibidos.
Victor Madrigal-Borloz, experto en orientación sexual de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que las terapias de conversión resultan en “daños físicos y psicológicos duraderos”. Por ello es que la ONU declaró estas prácticas como una forma de tortura contra la comunidad LGTBIQ+. Asimismo, un informe de mayo de 2020 de la organización internacional dijo que los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por la terapia de conversión, en la que cuatro de cada cinco personas sujetas a la práctica tienen 24 años o menos.
