Por Francisco Chirinos Soto.
Los acontecimientos que se vienen sucediendo días tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público, nos están llevando a obtener conclusiones que ponen en evidencia el grado de podredumbre que ha alcanzado la administración de justicia, particularmente en lo que se refiere a estos llamados delitos de corrupción, en los cuales está comprometido el patrimonio nacional. Salta a la vista que los dólares, ya sea por miles o millones han estado y siguen estando corriendo para ocultar las tremendas irregularidades que se han sucedido en la designación de jueces y fiscales. Que el Fiscal de la Nación sea incriminado por calificados órganos de la opinión pública y del periodismo nacional ya está alcanzando temperatura irresistible. En las columnas del diario más antiguo del país aparecen acusaciones sumamente graves y concretas contra el Fiscal de la Nación. Entretanto, este funcionario no acusa ninguna reacción ni se muestra dispuesto a abandonar cuando menos transitoriamente el cargo, según una presión mediática que se percibe en todos los rincones del país.
El ex-magistrado supremo César Hinostroza ha seguido haciendo de las suyas y ha involucrado a personajes que nada tendrían que hacer en este asunto. Tal el caso de la aparición en el escenario de un dirigente deportivo, don Edwin Oviedo, quien ha distribuido fajos de billetes para comprar voluntades y someter a sus propios designios a todo el aparato judicial.
Lo anteriormente señalado son pequeñas muestras de lo que está ocurriendo y que el país entero contempla. Y la Nación no tiene ningún organismo que pueda salir en su defensa, ya que precisamente las entidades responsables de esa defensa, tales como el Ministerio Público y el Poder Judicial se encuentran gravemente involucradas dentro del tema de la corrupción. Al respecto, es importante tomar en cuenta la exhortación hecha a nivel nacional por el parlamentario no agrupado Gino Costa, quien exige la salida del Fiscal de la Nación para que esa actividad sea cumplida por un funcionario imparcial e idóneo. Empero, los días transcurren y no sucede nada digno de ser apreciado como un paso positivo en la lucha nacional contra la corrupción.
A ratos, parece que fuera viable esa consigna que ha tomado raíces en importantes sectores de la opinión pública, en el sentido de exigir un “Que se vayan todos”. Sin embargo esa no puede ser la solución, puesto que nos daríamos con el caso en que el remedio resulte peor que la enfermedad. Las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ser respetadas y salvadas. Las personas podrán y deberán ser sustituidas, pero los organismos habrán de mantener su vigencia.
Consecuentemente, el país debe alejar la perspectiva de soluciones traumáticas, aunque ello no excluya la necesidad de que se adopten medidas sumamente radicales. Entre todo ello, obviamente, está el afán de reforma constitucional que se percibe en virtualmente todos los sectores. Los órganos jurisdiccionales deben subsistir, aunque tengan que irse a su casa o a prisión quienes los están manejando en este momento.
Para encabezar un movimiento nacional que conduzca en esa dirección, ha salido a la palestra el Presidente de la República, don Martín Vizcarra Cornejo, quien ha dejado constancia de su decisión de llevar adelante la reforma judicial y política hasta culminarla. Ahí tiene, en sus propias manos, el Jefe del Estado, la responsabilidad que el país entero le entregó. Esperemos que haga honor a sus firmes anuncios de lucha contra la corrupción.
