Por Martín Belaunde Moreyra
El Perú atraviesa un momento en el cual podemos preguntarnos si tenemos un conflicto entre legitimidad y legalidad, a pesar de que los poderes del Estado emanan de la Constitución. La Presidencia de la República es ejercida por la persona que debía suceder a quien fue elegido para ejercer la jefatura de estado en el período 2016-2021. Al margen de que la diferencia de votos entre el candidato triunfante (PPK) y la candidata derrotada (Keiko) fue muy pequeña, no existió ninguna duda acerca del vencedor en la contienda. Pero PPK quedó atrapado a raíz de las revelaciones de Odebrecht sobre sus actividades profesionales y honorarios recibidos cuando era ministro de Toledo. Tales revelaciones originaron un movimiento parlamentario para su vacancia por incapacidad moral, alentada por la mayoría fujimorista. Los esfuerzos de Kenji de que no se obtengan los votos requeridos para su vacancia, generó un escenario grabado de ofrecimiento de dádivas, que obligó al presidente a renunciar. Primer acto.
Fue reemplazado por su Primer Vicepresidente, ajeno a esas acusaciones, quien juró el cargo ante sus rivales políticos del Congreso, pero el problema de su permanencia en la presidencia quedó sin resolver. Keiko siguió controlando el Congreso con la fuerza para paralizarlo y quizás hasta de vacarlo. El Presidente Vizcarra quedaba como un rehén en manos de lideresa de Fuerza Popular, no obstante de que ella le ofreció su apoyo. Ambos líderes se reunieron en privado, pero tales encuentros no condujeron a un acuerdo de gobernabilidad que estabilice el complicado panorama político del Perú. Segundo acto.
En esas circunstancias la televisión difunde los audios que involucran a personajes claves del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura. La mayoría fujimorista en el Congreso pretende capturar los audios para impedir que sigan las revelaciones, en las que se aludió a un encuentro entre una misteriosa señora K de la Primera Fuerza y el juez supremo Hinostroza Pariachi. La maniobra fracasa y ese intento contribuye a que, en el público, emerja una corriente imparable de reformar las instituciones involucradas. El presidente Vizcarra aprovecha la oportunidad para plantear tres reformas vinculadas entre sí: i) el cambio de la designación y composición del Consejo Nacional de la Magistratura, 2) la no reelección de los congresistas y, 3) la restauración del Senado. Las reformas así planteadas deben materializarse mediante una modificación constitucional, seguida de un referéndum de acuerdo al artículo 206 de la Carta Política. Pero Keiko se opone alegando que hay asuntos más importantes a los que el Presidente Vizcarra debe dedicarse y de paso le jala la alfombra, llamándolo mentiroso por haber negado que en meses anteriores se reunieron. Tercer Acto.
¿Cuál podría ser el desenlace de este conflicto? Caben varios escenarios. El más favorable que el gobierno y la mayoría congresal se pongan de acuerdo sobre las reformas planteadas y se realice el referéndum lo antes posible. Todos contentos. Uno más problemático, que el debate se hunda en el pantano del Congreso y nada se resuelva. Mazamorra perfecta para Urresti y compañía. Finalmente, que la mayoría fujimorista del Congreso vaque sucesivamente a Vizcarra y Araoz, capture el gobierno y realice elecciones para entronizar a Keiko. Arsénico y encaje antiguo. Semejante escenario sería legal, pero ilegítimo y además tremendamente perjudicial para la estabilidad política del Perú.
