La Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (Junpalma) en los últimos días han enviado varias cartas al Ministerio de Energía y Minas y al de Ambiente, expresando su malestar por una posible ampliación de la vigencia de la Resolución Ministerial 095-2022-Minem/DM.
Esta norma exceptúa por un plazo de 30 días calendarios el “cumplimiento del Artículo 9 y del segundo párrafo del artículo 13 del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2007-EM, a los operadores de las Plantas de Abastecimiento que realizan las mezclas de Diésel Nº 2 con Biodiesel B100, a los Distribuidores Mayoristas que efectúan la comercialización, y a los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles”.
El temor de Junpalma es que el gobierno decida ampliar este plazo, que vence el 10 de abril. Este gremio representa a más de quince (15) organizaciones de productores y empresas de extracción de aceite crudo de palma de los departamentos de San Martín, Huánuco, Ucayali y Loreto.
Cabe recalcar que el aceite de palma es el sustento para más de 50 mil familias de palmicultores, vinculados con el cultivo por más de 30 años, como resultado de la política de sustitución de cultivos ilícitos de coca del Estado, mediante DEVIDA y otros programas del Desarrollo Alternativo.
Junpalma le recuerda a las autoridades que la suspención del uso de Biodiésel B100, es “un flagrante incumplimiento de las normas ambientales y pone en riesgo los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano para la reducción de emisiones de efecto invernadero”.
El Perú se comprometió a reducir en 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030 y fortalecer sus políticas de adaptación a los impactos del cambio climático, en sintonía con el Acuerdo de París, logrado en diciembre de 2015.
