Entregó 8 obras públicas por s/ 1,038 millones a cambio de coimas
Seis informes de las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fueron determinantes para que inicie investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por ser líder de una organización criminal que entregó obras públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cambio de dinero ilícito.
Según estos contundentes informes, las licitaciones arregladas del organismo Provías Descentralizado a favor de 8 constructoras peruanas y chinas fue una forma de compensación a Juan Silva Villegas y Zamir Villaverde García, quienes presuntamente hicieron aportaciones ilícitas a la campaña presidencial de Pedro Castillo.
El esquema corrupto permitió que en un breve periodo de 5 meses las constructoras confabuladas obtuvieron 1.037 millones de soles por 8 obras públicas, con aval de Castillo Terrones.
Según esta grave revelación, para recuperar el dinero que invirtieron Juan Silva y Zamir Villaverde, Pedro Castillo nombró al primero como ministro de Transportes y Comunicaciones y el segundo se encargó de reclutar empresarios dispuestos a pagar sobornos a cambio de contratos de millonarias obras públicas de Provías Descentralizado, dependiente del MTC.
Este plan corrupto había diseñado antes que Pedro Castillo asumiera el poder el 28 de julio del 2021. Para ello se controló el MTC para digitar a los funcionarios de este ministerio que se encargarían de amañar las licitaciones en beneficio de las constructoras.
Zamir Villaverde reclutaba a los empresarios que aceptaron el modelo de corrupción, a quienes garantizaba que todo estaba coordinado con Pedro Castillo, y para darles confianza a los constructores, les organizaba a estos o a sus emisarios reuniones con los sobrinos del presidente, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.
También participaba como intermediario el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien solía mantener reuniones con Zamir Villaverde y su amiga Karelim López.
Los reportes de las fiscales Zecenarro y Taquire convencieron al fiscal de la Nación de que los 8 contratos de Provías Nacional, entre ellos del Puente Tarata II, bajo sospecha de corrupción no podrían haberse entregado sin el conocimiento y el consentimiento del jefe del Estado.
