Comisión de inmunidad aprobó por mayoría la propuesta
La Comisión de Inmunidad Parlamentaria decidió devolver al Poder Judicial (PJ) su solicitud para que el Congreso autorizara la ejecución de la condena a cinco años y seis meses de cárcel efectiva contra el parlamentario Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), por el Caso Gasolinazo.
La presidenta del grupo, Luciana León (Apra), explicó que en la sesión «Fuerza Popular y APP solicitaron que el expediente [sobre Donayre] sea devuelto al Poder Judicial y que ellos estimen y detallen que nosotros no vemos [la] ejecución de [la] sentencia, sino que especifiquen si quieren un levantamiento de proceso o un levantamiento de arresto, que son los dos únicos procedimientos que ve esta comisión».
El planteamiento fue hecho por el congresista fujimorista Carlos Tubino a través de una cuestión previa. A favor de esta hubo seis parlamentarios (todos de Fuerza Popular y APP). En contra hubo dos. Edmundo del Águila (Acción Popular) se abstuvo.
Luciana León, quien votó en contra, dijo que discrepó de esa propuesta porque ya había el precedente de Benicio Ríos, en cuyo caso el Parlamento autorizó la ejecución de su condena a siete años de cárcel efectiva por el delito de colusión agravada.
«En una situación similar hubo la celeridad correspondiente para que lo vea el pleno y se aprobó la ejecución de sentencia. Por eso mi posición era que el caso lo viera el pleno. Sin embargo, lo que manda son los votos. Y Fuerza Popular y APP son los que han solicitado que el expediente vuelva al Poder Judicial», afirmó.
«Se ha dicho que es una sentencia de primera instancia [la de Donayre], que hay una apelación. Sin embargo, el Poder Judicial dice que, independientemente de que sea primera instancia, debe ejecutarse [la sentencia]», agregó.
Hace unas semanas, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la corte de Lima sentenció a Donayre por el delito de peculado. El general del Ejército en retiro fue acusado de haberse apropiado de manera ilícita de combustible que había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.
Tras la sentencia, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema determinó que la condena a Donayre debe hacerse efectiva, por lo que el Poder Judicial pidió al Parlamento autorización para que se ejecute la pena.
