El rector de la Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera Neumann, ha escrito en el diario La Tercera de Santiago un admirable artículo titulado “Justicia para Jeanine Áñez”, recordando que la ex mandataria boliviana estuvo diez meses encarcelada bajo la arbitraria modalidad de “detención provisional” y ahora ha sido condenada a diez años de prisión bajo la imputación de asumir inconstitucionalmente la Primera Magistratura.
Bien resume el ex canciller: “Un referéndum realizado en 2016 rechazó la intención de Evo Morales de postularse por cuarta vez a la presidencia de Bolivia, pero 12 meses después, una atropelladora sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional torció la voluntad popular y, desconociendo la expresa prohibición constitucional, habilitó su reelección”. Luego agrega que el proceso electoral del 2019 fue “ensombrecido por una serie de irregularidades [que dieron lugar] a semanas de convulsión social, las que unidas a la presión nacional e internacional impidieron la concreción de un fraude. En este vacío político, la entonces senadora Jeanine Áñez Chávez asumió la presidencia constitucional, lo que luego fue ratificado por el Tribunal Constitucional respectivo”.
Recordemos que, durante su mandato, la señora Áñez respetó la independencia de los poderes del estado, entre ellos del Congreso, convocando a elecciones generales y entregando la presidencia al ganador de los comicios, Luis Arce Catacora, subalterno de Morales, que asumió el cargo el 8 de noviembre del 2020.
La presidenta, a diferencia de Morales, no solicitó asilo político y decidió, no se ocultó y decidió quedarse en su patria, soportando una cobarde campaña de calumnias y amenazas del bloque oficialista. Cuatro meses después fue detenida y pasó diez largos meses investigada, con graves padecimientos de salud. El propio Morales reveló la vendetta política narrando que en una reunión con dirigentes de su partido y del gobierno decidieron procesarla en un juicio ordinario y no de responsabilidades, a la que tenía derecho por su condición de ex mandataria, que le habilitaba el fuero del antejuicio en el Legislativo. Tomada la decisión, magistrados incondicionales al régimen – del mismo bloque que la caterva de jueces que respaldaron su ilegal cuarta postulación – ejecutaron la orden política sin dudas ni murmuraciones. O, mejor dicho, infamemente.
Este acto de barbarie ha sido rechazado por la Unión Europea, por el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU y 23 ex presidentes de Iberoamérica, que manifestaron su repudio ante la manipulación política de la judicatura boliviana.
El ex canciller de Chile recuerda, asimismo, que su país y otras naciones de la región – incluyendo al Perú – reconocieron a la señora Añez como legítima mandataria y por ello reclama un pronunciamiento sobre su situación. Es decir, que no mantengan un sórdido silencio ante ese y otros hechos de barbarie que suceden en el continente.
En Nicaragua el sátrapa Daniel Ortega carga sobre sus hombros 300 asesinatos, la clausura de medios de prensa, de 800 ONG y recientemente de la Asociación de Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, a quienes acusa de violar las leyes de “Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. En Venezuela, el dictador Maduro continúa reprimiendo y en Cuba jueces que responden al gobierno comunista sentenciaron a penas de hasta veinte y cinco años de prisión a quienes se manifestaron pacíficamente el 2021, demandando libertades y mejores condiciones de vida.
Resumen: el callar es complicidad. No solo violenta principios democráticos consagrados en las cartas de Naciones Unidas y la OEA, sino que alienta políticas autoritarias y la prolongación de regímenes totalitarios. Un silencio diplomático que, sin duda, blinda dictaduras y escarnece a los demócratas.
Pero las palabras no bastan. Hay que construir políticas que bloqueen la expansión del totalitarismo.
Entre otras:
1- Reformar la Carta de la OEA para que la veeduría electoral y las inspecciones de la Comisión de Derechos Humanos sean obligatorias y no – como ahora- sujetas a las autorización de los gobiernos cuestionados, que por lo general no aceptan esas intervenciones.
2- Que los organismos multilaterales de crédito -BIF, CAF, Banco Mundial – condicionen el otorgamiento de préstamos al respeto a principios democráticos y a los derechos humanos, y que los gobernantes no estén involucrados en actos de corrupción.
3- Rebajar la representación diplomática al nivel de encargado de negocios o de intereses consulares.
4- No aceptar organicen eventos internacionales como la Cumbre de las Americas o la Asamblea General de la OEA.
5- Reformar la Carta Democrática para separar del sistema Interamericano a los gobiernos infractores, con una votación de mayoría simple
