El desvío masivo, sistemático y organizado de las ayudas humanitarias destinadas a los saharauis secuestrados en los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia, se torna escandaloso tras la inauguración de una clínica estética bucofacial en Ecuador, que pertenece al hijo del pseudo canciller de la autoproclamada “Rasd” quien también tiene otra clínica en Panamá.
El aprovechamiento para intereses espurios de la ayuda humanitaria internacional destinada a los saharauis de los campamentos de Tinduf en Argelia sigue dándose a tenor de las denuncias que siguen apareciendo sobre el asunto.
La última manifestación de este bochornoso escándalo de desvió de ayuda humanitaria es la reciente inauguración por parte del hijo de Mohamed Ould Salek, pseudo canciller de la autoproclamada “Republica Saharaui” de su nueva y moderna clínica estética bucofacial en Ecuador.
¿Con qué fondos se han financiado estás clínicas?
La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos acusó directamente a Ould Salek de haber financiado la construcción de su clínica a través de las operaciones de desvío de ayuda humanitaria destinada a la población de los campamentos de Tinduf.
Varios altos funcionarios de las milicias del Polisario son sospechosos de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción.
En octubre 2021, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reveló que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnur) recibió información de organizaciones no gubernamentales que afirmaban que el Polisario malversaba la ayuda humanitaria y dinero destinado a apaciguar la situación de indigencia en la que se encuentra la población retenida en los campamentos de Tinduf, en territorio argelino. Denuncias similares ha hecho el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
De hecho, la corrupción de los líderes del Polisario fue denunciada con anterioridad por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ante la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea.
La OLAF ya había revelado a principios de 2015, el desvío a gran escala por parte de los dirigentes del Polisario, de la ayuda humanitaria asignada durante años por la Unión Europea a la población civil de los campamentos de Tinduf.
Desde entonces, el desvío ha continuado al mismo ritmo, en detrimento de los civiles en los campos de Tinduf. En junio de 2020, la ONG Lumière et Justice hizo un llamado a la Unión Europea para que ponga fin al enriquecimiento ilícito de los responsables del «Polisario» a través de la apropiación indebida de ayuda humanitaria. La ONG enfatiza que, debido a la reventa de la mayoría de la ayuda humanitaria en ciertos estados vecinos, un fenómeno que ahora está bien documentado, el hambre y la sed acechan a miles de saharauis indefensos.
Como resultado de una investigación que duró cuatro años, la OLAF concluyó que hubo un masivo desvío de ayudas europeas con destino a los campos de Tinduf e implicó en su informe a altos cargos civiles y militares de Argelia y la cúpula del Polisario.
Para la OLAF, “una de las razones que hicieron que estas desviaciones sean posibles es la sobreestimación del número de refugiados y, por tanto, la ayuda proporcionada”. Argelia menciona que la cifra es de 155.000 saharauis, mientras no llegan, en realidad, a 40 000 personas.
Por otro lado, la corrupción de los líderes del Polisario está creando un ambiente de resistencia en los campamentos, donde los sectores más jóvenes están enfrentados a la gerontocracia de esa guerrilla al ponerse al descubierto sus métodos mafiosos. Durante los últimos años, los campamentos de Tinduf han sido testigos de una campaña de represión sin precedentes, marcada por el uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas, los arrestos y la tortura infringida a cualquier opositor que intente levantar su voz.
Los saharauis que viven ahí han aguantado durante 47 años el exilio, el aislamiento y la pobreza extrema. Viven en una cárcel abierta, bajo la autoridad de una estructura represiva, cuyos líderes tienen interés en hacer perdurar el diferendo artificial sobre el Sahara marroquí, para enriquecerse ilegalmente de la ayuda humanitaria internacional revendida fraudulentamente en el mercado negro de la zona subsahariana.
El Polisario sigue cometiendo las violaciones más atroces de los derechos humanos: desde restricciones a la libertad de expresión hasta la restricción de la circulación y desplazamiento en los campos de Tinduf, donde muchos saharauis llamados engañosamente “refugiados” pero que en realidad son secuestrados, viven en condiciones inhumanas privados de los mínimos derechos fundamentales y básicos.
Además de su evidente responsabilidad de la situación dramática en la cual viven los saharauis secuestrados en su territorio y su involucramiento directo al transgredir las disposiciones del derecho internacional humanitario, Argelia también se niega a permitir un censo de la población de los campamentos de Tinduf, desafiando las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad desde 2011.
Sabiendo que el censo es un mecanismo fundamental de protección y una obligación legal del Acnur, la negativa de Argelia a realizar este censo de la población de Tinduf permite sobre todo la desviación sistemática y con impunidad de la ayuda humanitaria.
La falta de este registro favorece, en particular, la desviación de las ayudas humanitarias destinadas a los campamentos de Tinduf por parte de los dirigentes del «Polisario» y los responsables locales para su enriquecimiento personal, como se confirma en los informes de inspección del Acnur, del PAM y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como por el Parlamento Europeo.
Hoy en día, esta población privada de protección internacional sufre aún más en el contexto de la pandemia del Covid-19. ¿Cómo un grupo armado que se enriquece ilícitamente de las ayudas humanitarias les protegerá? ¿Cómo puede Argelia delegar la gestión de la situación de salud en su propio territorio al Polisario?
El desvío de las ayudas por parte de Argelia y el Polisario y el aislamiento de esta población indefensa constituyen elementos de investigación que debe realizar Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, quién también debería visitar los campamentos de Tinduf para comprobar de primera mano la situación sobre el terreno.
