Alafarpe exige al ministerio que revele nombre de empresas
El Ministerio de Salud (Minsa) inició la investigación sobre la supuesta concertación de precios de medicamentos que iban a ser comprados por parte del Estado, anunció el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de la Salud, Diego Venegas.
La titular del sector, Silvia Pessah, denunció ayer que en un proceso de licitación de medicinas, hace un par de semanas, los tres postores que competían presentaron precios parecidos para la estatina, medicamento usado en la reducción del colesterol. Pessah alertó que el precio era treinta veces mayor a los montos que los postores cobraban en un proceso similar durante el año pasado. La licitación fue cancelada.
«Para poder hacer un proceso tenemos un precio referencia y eso está basado en un estudio de mercado, sin embargo, cuando vimos que el producto que se nos quería vender estaba más caro que comprarlo en una farmacia de la esquina no se continuó con el proceso», detalló el viceministro.
El viceministro Venegas señaló que para ingresar el expediente al ente fiscalizador, Indecopi, el Minsa está recabando la mayor información posible, encargo que ahora lo tienen el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), para poder argumentar la acusación.
«Estamos haciendo las investigaciones, Cenares es la encargada de hacer todo este proceso de investigación correspondientes», remarcó al diario Gestión.
Tras la denuncia pública de la Ministra de Salud, Silvia Pessah y de la presidente de EsSalud, Fiorella Molinelli en distintos momentos, el gremio de empresas farmacéuticas Alafarpe (Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos) pidió que revele el nombre de las empresas que están involucradas.
La directora ejecutiva de Alafarpe, Ángela Flores comentó que, tras la denuncia pública de la titular del Minsa, se acercó para conocer los detalles del caso, y brindarle toda la información necesaria.
Asimismo, dijo que es necesario, por la transparencia del proceso que se indique el nombre de las empresas involucradas.
Por su parte mencionó que las empresas agremiadas tienen un código de ética sobre el cual se estipulan las sanciones, en base a las decisiones del tribunal.
