ANTE PASIVIDAD DEL PARLAMENTO PARA DEFINIR VACANCIA DE CASTILLO, GOBIERNO RECURRE A ILEGAL MANIOBRA
El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió al presidente del Congreso, José Williams, que lo convoque a la primera oportunidad que sesione el Pleno del Congreso “a fin de plantear una cuestión de confianza”.
“Por tanto, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución, acudiremos al Pleno del Congreso a plantear la cuestión de confianza y exponerla de manera exhaustiva y pormenorizada, la cual, por la importancia del tema a tratar, reiteramos sea agendada en la próxima sesión del Pleno”, se indica en el documento.
En el documento indican que, el pasado 08 de abril de 2022, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley N° 1704/2021-PE, que deroga la Ley N° 31355, “que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133° de la Constitución Política del Perú”.
“Han transcurrido siete meses desde su presentación ante el Congreso de la República y a la fecha no cuenta con dictamen de la comisión competente. El artículo 105 de la Constitución, establece el carácter prioritario que tienen las iniciativas legislativas del Ejecutivo. A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante Oficio N° D000041-2022-PCM-GA, de fecha 02 de noviembre de 2022, sigue sin ser atendido”, se indica en el documento.
Juristas y voceros de diferentes bancadas señalaron que la cestión de confianza busca derogar una ley que ya fue validada como constitucional por el Tribunal Constitucional, por lo que el pedido no tiene sustento jurídico.
En ese sentido, hoy sería declarado improcedente por los legisladores.
Sin embargo, adelantándose a este escenario, diferentes ministros defendieron la legitimidad de la solicitud y señalaron que ante la improcedencia el gabinete caería y sería considerada como la primera negativa del Parlamento, por lo que ante una segunda, sería legítima la eventual disolución del mismo.
Cabe indicar que esta misma postura también fue esgrimida por Omar Cairo, un jurista que anteriormente validó el ilegal cierre del Parlamentos que realizó Martín Vizcarra.
