Entre noticias y escándalos el Tribunal Constitucional observó la Ley N° 30794, estableciendo que personas que fueron condenadas por delitos de terrorismo o apología puedan ser candidatos a cargos de elección popular, hecho que despierta nuestra preocupación. Una cosa son cargos públicos de cierto nivel y otra la toma del poder, porque es así como comenzó la pesadilla de los años ochenta, periodo en el que se asesinó cruelmente a pobladores pobres y desamparados.
Pocos miles de desadaptados aterrorizaron a los peruanos y luego, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, se inició su liberación. Se llegó a 3,000 terroristas liberados durante el gobierno de Alejandro Toledo, y las reducciones de penas continuaron. Hoy 7,345 ciudadanos presentan una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dejando de lado los derechos de 70,000 víctimas, familiares y cientos de miles de huérfanos. ¿Me pregunto qué sentirán hoy esas víctimas?
Cualquier reo tiene derecho a reincorporarse a la sociedad, insertarse y tener una vida normal, si ha sido rehabilitado. Pero me pregunto si alguien que ha sido autor material o intelectual de matanzas masivas es capaz de una rehabilitación plena, Abimael Guzmán nunca pidió perdón, nunca se arrepintió. No fue juzgado por su ideología, fue condenado por delitos de lesa humanidad, por la crueldad de sus métodos. Pero el daño causado fue más allá, adoctrinó a niños que hoy siguen su pensamiento.
Antauro Humala hoy se burla de esa justicia que le condonó la pena. El asesino de policías admite públicamente no estar arrepentido, afirmando que, de darse el caso, lo volvería a hacer. Todo ello en medio de una agresiva campaña política, con amenazas de cerrar el Congreso y aplicar la pena de muerte a su propio hermano. Recordemos el levantamiento de Locumba del 2000 que hizo famosos a los Humala, y que años más tarde facilitó el acceso a la Presidencia de Ollanta Humala, expresidente con juicios abiertos por corrupción.
No tenemos que ir tan lejos. En el 2011 el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) formado por familiares y abogados de presos por terrorismo, vinculados a Sendero Luminoso. Luego, este grupo terrorista creó el organismo de fachada Movadef – Conare – Fenate para controlar a los sindicatos del sector educativo y difundir su ideología. Es así como salta a la palestra Pedro Castillo, agitador sindical en la huelga magisterial de 2017 que perjudicó a 1.5 millones de estudiantes a nivel nacional. Conociendo los vínculos de Castillo con esta organización de fachada terrorista, es fácil comprender cómo actúa y que haya llevado al Gobierno a niveles de corrupción nunca imaginados.
Son 17 millones de peruanos mayores de 25 años, los verdaderos candidatos aptos que podrían tener alguna pretensión política. ¿Por qué debemos seguir premiando con amnistías y beneficios a personas sin saber si han sido rehabilitados; muchos sanguinarios y despiadados asesinos? ¿Tenemos que poner en riesgo la vida y la tranquilidad de 33 millones de peruanos para acceder al pedido de terroristas? Tengo serias dudas.
El Perú decidió no negociar con el terrorismo. La Comisión de la Verdad fue más que benevolente con sus veredictos. Hoy prácticamente no hay terroristas en las cárceles porque han sido amnistiados, mientras las familias de las víctimas no terminan de llorar sus pérdidas. ¿Qué más busca el terrorismo? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue defensor de terroristas, el actual inquilino de Palacio ha llevado al gobierno a diversos personajes de ese entorno. Tenemos congresistas con juicios abiertos por apología del terrorismo. ¿Cuánto más tenemos que ceder?
No quisiera imaginar un escenario similar al colombiano. Los generosos acuerdos logrados en favor de las FARC, autores de delitos de lesa humanidad, no hubieran sido posibles sin la ayuda de países antidemocráticos como Cuba y Venezuela, que actuaron como garantes, logrando injustos beneficios para los narcoterroristas, como 10 asientos en el Congreso colombiano. Me pregunto cuántos asientos les ofrecieron a las víctimas del narcoterrorismo, de los secuestros, de los años de terror. ¿No son las víctimas quienes deberían ocupar esas sillas del Parlamento para evitar que la guerrilla siga fortaleciéndose? Porque la guerrilla en Colombia no ha desaparecido, y en el Perú tampoco.
