Exburócratas del golpista habrían dispuesto contratos y pago de personal cuyos servicios no eran necesarios. El costo total de dichas irregularidades sería de S/108.800.
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Más revelaciones sobre la corrupción castillista. La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe el pasado 23 de enero en el que recomendó denunciar a cuatro exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo por la contratación y pago irregular de servicios no solicitados ni necesarios por un costo total de S/108.800.
Los exburócratas implicados son Ysmael Rafael Mayuri Quispe (ex subsecretario general), Beder Ramón Camacho Gadea (ex subsecretario general), Herbert Henry Rodríguez Ariza (director del Área de Abastecimiento) y Carlos Hugo Muga Melgarejo (técnico administrativo en contrataciones). Los beneficiados fueron Franco Alexander Pomalaya Neyra y José Luis Cristóbal Quispe.
Según el Informe de Control Específico 006-2022-2-0276-SCE de la CGR, los hechos se registraron entre el 2021 y el 2022. Los contratos eran para brindar servicios fotográficos, asistencia en redacción y revisión de contenidos de redes sociales, así como registro y edición de material gráfico y otras labores de comunicación de las actividades de Pedro Castillo.
Mayuri Quispe y Camacho Gadea fueron los que requirieron dichos servicios supuestamente por no contar con el personal suficiente para cubrir las actividades del entonces presidente Castillo.
Al respecto, la Contraloría recordó que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, las actividades de prensa, comunicación estratégica e imagen institucional las realiza el área destinada para ello y no la Subsecretaría General.
“Durante los periodos 2021 y 20222, la Subsecretaría General requirió la contratación de los servicios de asistencia para redacción y revisión de contenidos de redes y asistencia técnica en comunicaciones, procediéndose a la contratación del proveedor Franco Alexander Pomalaya Neyra, pese a no tener necesidades relacionadas con las funciones de Comunicación Estratégica y Prensa, lo cual estaba a cargo de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa”, se lee en el documento de la Contraloría.
Además, el ente fiscalizador dio cuenta de que las contrataciones irregulares se dieron en periodos donde el área de prensa de Palacio ya había contratado personal que prestase los servicios supuestamente requeridos por los exfuncionarios.
Los implicados han negado cualquier irregularidad, sin embargo, la Contraloría ha determinado que sus descargos “no han desvirtuado” las imputaciones en su contra.
