El sistema democrático es débil, y la ciudadanía está desprotegida, porque las instituciones que deben cautelar el cumplimiento de las leyes actúan con lentitud o se cruzan de brazos, en lugar de cumplir eficientemente sus responsabilidades constitucionales.
Lo decimos porque en estos sesenta tormentosos y sangrientos días la Policía y los medios de comunicación registraron imágenes de un centenar de subversivos golpeando a las fuerzas del orden, incendiando comisarías, locales del Poder Judicial y del Ministerio Público. También de sediciosos que atacaron cinco aeropuertos, bloquearon carreteras, destruyeron ambulancias y locales privados, desabasteciendo de alimentos, agua, medicina y combustible a millones de angustiados compatriotas.
Estos hechos han enlutado sesenta hogares, entre otros de familiares de bebés o niños que no pudieron ser trasladados a los hospitales por la interrupción de las vías, mientras los heridos por trifulcas son centenares, 604 de ellos valerosos efectivos policiales.
¿Por qué los delincuentes identificados no son detenidos, procesados sumariamente y derivados a las cárceles? ¿Por qué siguen libres y reaparecen sin ningún problema en diferentes escenarios causando muerte y destrucción?
Sólo 27 vándalos iqueños han sido apresados, y algunos mas en Ayacucho, Arequipa e Ica, pero el resto continúa actuando impunemente.
¿Por qué no arrestan a quienes los financian, incluyendo bolivianos que fueron detenidos y luego dejados en libertad? ¿No se sabe, acaso, que esos cuantiosos fondos provienen del exterior, del narcotráfico o de la minería ilegal?
La televisión muestra a sujetos a pie o en camionetas –algunos vehículos estacionados en la Plaza San Martín– repartiendo dinero y comida a revoltosos para que causen desmanes y también a quienes distribuyen huaracas, palos, avellanas y bombas molotov para agredir a la Policía.
Todo está filmado, pero no pasa nada. Inclusive hay libretas incautadas con montos, nombres y apellidos de quienes reciben dinero para fomentar el caos, pero hay pocos arrestados por esa actividad ilegal. Tampoco pasa nada con parlamentarios que apoyan abiertamente la insurgencia, como hicieron protegiendo a quienes ingresaron por la fuerza a la Universidad de San Marcos o asistieron como aves carroñeras al velatorio de uno de los fallecidos para promocionarse en la prensa y con la esperanza de llevar el ataúd a una plaza pública, indigna maniobra impedida por los deudos. Asimismo, hay una débil respuesta ante centenares de mensajes que se reproducen en las redes sociales promoviendo el terrorismo senderista.
Lo mismo ocurre con nuestra Cancillería, incapaz de arrostrar la infame narrativa de gobernantes y políticos del bloque del socialismo del siglo 21 que reconocen a Castillo como presidente y sostienen que fue vacado inconstitucionalmente por presión de la aristocracia limeña y de poderosos grupos económicos.
¿Es incapaz el Ministerio de Relaciones Exteriores de utilizar sus 140 centros en el extranjero (64 embajadas, 71 consulados y cinco representaciones permanentes)? Según el vicecanciller, solo 15 % de esa poderosa maquinaria ha respondido a los medios de comunicación que tergiversan y manipulan las informaciones sobre nuestra crisis.
¿Por qué, en suma, no hemos desplazado misiones al exterior para revelar qué sucede en el país, que es muy distinto al discurso infame y disociador del mexicano López Obrador o del colombiano Gustavo Petro, que han hecho de la mitomanía una política de Estado?
En la era de las comunicaciones, la batalla debe darse en ese escenario con firmeza y claridad. Deben darla todos los representantes de instituciones que forman parte del Estado constitucional de derecho, incluyendo la Defensoría del Pueblo, cuya cuestionada jefe interina es sospechosamente poco prolija para protestar por los actos de barbarie contra nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Más aún, en el ámbito del Congreso y la judicatura corresponde una acción célere porque la parsimonia sólo alienta a quienes, a pedradas o dinamitazos, pretenden instaurar un régimen totalitario. En este contexto resulta inexplicable que, transcurrido 180 días de las acusaciones contra Castillo por corrupción, hasta hoy no se diligencie este proceso y también que el destituido ex mandatario Martín Vizcarra no haya sido juzgado por los delitos imputados y viaje por el país haciendo campaña política.
