La última de fiscal José Domingo Pérez
El fiscal José Domingo Pérez habría cerrado la colaboración eficaz del exviceministro Jorge Cuba, con el objetivo de comprometer seriamente al expresidente Alan García en la investigación de coimas en el Metro de Lima por parte de la empresa Odebrecht.
Según fuentes de la fiscalía, el fiscal Pérez buscaría que Jorge Cuba ratifique la colaboración archivada por serias contradicciones, en la que detallaba que «Alan García y Enrique Cornejo eran los actores políticos que gestionaron y aprobaron los decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales a favor de Odebrecht».
El 31 de enero de 2017, Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones durante el gobierno aprista (2006-20119), fue uno de los primeros en «caer» por el caso Odebrecht en Perú, como parte del comité encargado de la licitación del Metro de Lima a la empresa brasileña.
El Poder Judicial decidió dictar prisión preventiva en su contra, y Cuba Hidalgo decidió ser candidato a colaborador eficaz, sin embargo la información vaga que proporcionó no fue suficiente y más aún que se retractó en varios testimonios, lo que tiró abajo su colaboración eficaz.
Se sabe que el 22 de agosto el fiscal Sergio Jiménez solicitó dejar constancia la “Denegatoria de Colaboración Eficaz”. Esa denegatoria pertenecía al colaborador identificado con el código 004-2017. Resolución firmada luego del cese de Hamilton Castro. «Se archivó debido a que inicialmente el exministro reconoció haber cometido varios delitos de los que luego en parte se retractó», explicaron los ex integrantes de este equipo fiscal.
En su colaboración Jorge Cuba relata que fue invitado a trabajar en el Instituto de Comercio Exterior en 1988, y en octubre de 1990, Roxanne Cheesman le dice que Alan García había formado junto con Enrique Cornejo una ONG llamada Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana y que le gustaría que trabajara con ellos. Cuba aceptó.
Jorge Cuba relata en su colaboración que «los actores políticos que eran los encargados de generar el marco legal, la obtención y/o asignación del financiamiento y generación de facilidades en el proceso de ejecución». Esos actores políticos, específicamente en la obra del Metro de Lima, eran «Alan García y Enrique Cornejo, quienes fueron los que gestionaron y aprobaron los decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales que ayudaron a Odebrecht».
Por su parte, los actores técnicos-funcionales eran los miembros del Comité de Adjudicación y el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia, explica Cuba.
El colaborador eficaz relata que “Odebrecht, como miembro principal y activo del “Club (de la Construcción)” tiene como política pagar el 2.5% del monto de la licitación de cada obra que se adjudique». Asimismo, recalca que «la parte de los actores políticos lo trata Jorge Barata con las más altas autoridades».
«Para el periodo (2009-2011) de la gestión de Enrique Cornejo se realizaron 25 concursos públicos con un valor adjudicado estimado de 3,443.4 millones de soles y 35 licitaciones con un valor adjudicado estimado de 5,178.6 millones de soles, que en conjunto totalizaron 8.608.2 millones de soles. Aplicando el 2.5% que pagaba el club, tenemos que para el período se habrían pagado 201.7 millones de soles», explicó Cuba en su colaboración.
Acerca de la labor del expresidente Alan García, Jorge Cuba señaló que las «coordinaciones relacionadas con respecto a la obra de la Línea 1 del Metro, en razón que así lo expresó Carlos Nostre,[…] era un secreto a gritos que el expresidente Alan García Pérez y Jorge Barata coordinaban las principales obras de infraestructura del país”.
«Ya Jorge Barata tenía un acuerdo con Alan García, porque ya era una política de Odebrecht pagar comisiones por las grandes obras que se adjudiquen ellos, y en este caso, estamos hablando de una obra de más de 1,100 millones de dólares”, agregó.
La defensa legal de Cuba estaría negociando un cambio de su situación legal, que se traduciría en arresto domiciliario a cambio de aportar pruebas contra el expresidente.
