Por tráfico de influencias, cohecho y peculado
Pleno del Congreso aprobó el informe final que acusa constitucionalmente a la exparlamentaria Luciana León por los supuestos delitos de tráfico de influencias (73 votos a favor), cohecho pasivo impropio (74 votos) y peculado doloso (75 votos).
Este caso llega a su etapa final más de un año después de que exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos presentara la denuncia constitucional contra la exlegisladora del partido de la estrella.
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Los mencionados ilícitos habrían sido cometidos por León en el caso ‘Los Intocables Ediles’ de La Victoria. De acuerdo con la Fiscalía, el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba sería el cabecilla de una organización criminal que usaba recursos públicos de la comuna para cometer delitos, con el apoyo de la excongresista aprista, quien ejercía influencia en el Ejecutivo.
Según la tesis del Ministerio Público, Luciana León “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios, así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.
En efecto, en el año 2020, se revelaron una serie de chats en los que se evidenció que la excongresista del Apra gestionaba reuniones con diferentes ministros a fin de apoyar a su hermano Rómulo León Romero, quien, a su vez, estaba vinculado con el financista de la banda ‘Los Intocables Ediles’.
La exparlamentaria habría hecho uso de su influencia para cuadrar encuentros entre los ministros de Salud, Energía y Minas, y Vivienda con su hermano.
«VENGANZA»
Durante el ejercicio de su defensa, León dijo que la denuncia en su contra “corresponde a una venganza política».
Asimismo, sostuvo que es falso que haya pedido o le hayan entregado algún tipo de dádiva por sus gestiones.
