Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato
La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que incorpore a cuatro empresas como “terceros civilmente responsables” en el proceso penal seguido al exmandatario Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua.
Se trata de las empresas Obras e Ingeniería S.A (Obrainsa), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), Astaldi S.P.A – Sucursal del Perú e INCOT Contratistas Generales S.A.C.
Los representantes legales de estas empresas formularon oposición a la solicitud presentada por la defensa legal del Estado peruano dentro de este caso.
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Ante ello, la jueza Margarita Salcedo Guevara programó para el jueves 13 de julio desde las 2:30 de la tarde a una audiencia virtual para evaluar este pedido de la Procuraduría Ad Hoc con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.
Si la magistrada declara fundada dicha solicitud, estas empresas deberán hacerse responsables del pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes el expresidente Martín Vizcarra y otros de ser hallados responsables por la justicia de los cargos que se les imputan en este caso.
Oficializan ley para que Dina despache de forma virtual
El Ejecutivo oficializó la Ley 31810 que le permitirá a Dina Boluarte ejercer la Presidencia de manera remota cuando se encuentre en el extranjero.
La nueva norma fue publicada este jueves 29 de junio en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Se debe precisar que esta medida solo se podrá ejecutar ante la necesidad de viajar al exterior y la ausencia de vicepresidentes.
«En caso de que el presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidentes en ejercicio, de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismo de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías», dice la ley.
Además, precisa que para despachar de forma remota tendrá que pasar un proceso de autorización por parte del Congreso de la República.