La presidenta de la República Dina Boluarte, concurrió al Congreso el 28 de julio para dar su primer mensaje obligatorio anual, cumpliendo estrictamente con lo dispuesto en la Constitución, esto es la exposición detallada de la situación del país y las mejoras y reformas que juzgue convenientes.
En términos generales el mensaje fue positivo y diría con calificación aprobatoria, pero como toda obra humana tiene aciertos y defectos.
El primer acierto fue hacer un quiebre, un cambio de dirección respecto al gobierno del que provino, que fue de siniestra posición política, de calamitosos resultados, como ella misma lo tildó, y con larguísimas uñas como todos los días se va descubriendo.
Hacer el deslinde no le debe haber sido fácil, pues la presidenta formó parte de la plancha presidencial del inefable Pedro Castillo y, no solo eso sino que hasta pocas semanas antes que fuese vacado integró su gabinete ministerial, por lo que sea por acción o por omisión, tiene su cuota de responsabilidad.
El segundo acierto es reconocer la difícil situación en que encontró a la patria y la necesidad de hacer correctivos, sobre todo en lo que se refiere a las acciones que deben emprenderse para paliar el “Fenómeno del Niño”, esta vez tiene relevancia global.
El tercer acierto es el de llamar al diálogo y reconocer que hay que buscar consensos y la unión de los peruanos, para lo cual propuso activar el Foro del Acuerdo Nacional, como herramienta para tal diálogo al que hay que incorporar nuevos actores. Sacó del desván al Acuerdo Nacional que estaba en situación de sueño perpetúo.
Habilidosamente llamó a generar confianza en el país, ello importantísimo pues es lo que requieren los inversionistas para crear emprendimientos y por cierto puestos de trabajo necesarios en el Perú para reactivar nuestra economía y recuperar la buena direccionalidad que estuvimos perdiendo.
Con nota desaprobatoria podríamos considerar a su larguísima y soporífera relación de obras que se propone realizar, pues daría la impresión que está exponiendo el plan de gobierno quinquenal de un gobierno que recién se instala, cuando no tiene tanto tiempo por delante, pero que pueda concluir satisfactoriamente el 28 de julio del 2026, como manda nuestra Constitución.
Quisiéramos participar del optimismo presidencial por el futuro cercano y que haga realidad la larguísima lista de obras por efectuar, pero con realismo tenemos que decir que ello es dificilísimo pues la recaudación tributaria reflejará necesariamente la situación general actual del Perú, que lamentablemente no es auspiciosa y porque el endeudamiento internacional es dificultoso teniendo en consideración la pesada carga que ya tenemos y el riesgo país que para los financistas tiene peso.
Nos hubiera gustado el anuncio de medidas necesarias para hacer más diligente a la burocracia y menos frondosa la absurda tramitología existente para iniciar cualquier actividad económica, que es una de las más importantes tareas. También sería satisfactorio propuesta gubernamental al Parlamento para reiniciar obras públicas paralizadas, con opciones diferentes a las iniciales, para lo cual hay que hacer las modificaciones indispensables en la normatividad de contrataciones del Estado.
Como colofón estimamos que su promesa de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue innecesaria, no solo por no ser vinculantes, sino porque el Sistema Interamericano de la materia, está severamente cuestionado.
