Banda criminal “Los porotos” se dedicaban al el hurto agravado en Arequipa
Luego de varias semanas de investigación y apelaciones por parte de un grupo de delincuentes que fue capturado por la Policía Nacional, y la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones logró que se acepte parcialmente el recurso de apelación presentado en contra estos individuos acusados de pertenecer a la organización delictiva denominada “Los Porotos”, la cual se dedica al delito de hurto agravado en la región de Arequipa.
Los responsables de estos crímenes son Kelvin Chávez Colquesaña, Raúl Chávez Ccolquesaña, José Vidal Chávez Colquesana, Percy Chávez Ccollquesana y Jaime Belizario Coila. En segunda instancia, se les ha impuesto una medida de prisión preventiva de nueve meses.
De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal provincial Carlos Arias Lovón de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter, la banda delictiva estaba involucrada en la perpetración de delitos como robos agravados en viviendas habitadas, los cuales tuvieron lugar en las localidades de Arequipa, Juliaca y Huancayo.
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Con el propósito de llevar a cabo sus actividades delictivas, los supuestos miembros de esta organización criminal habrían planeado, coordinado y asignado tareas para ingresar a propiedades privadas con el objetivo de sustraer diversos objetos, tales como televisores, equipos de sonido, laptops, computadoras y otros artículos. Posteriormente, habrían vendido estos objetos a terceras personas, generando beneficios ilícitos, de acuerdo con las investigaciones realizadas.
La dirección del caso recayó en el fiscal superior Santiago Irigoyen Díaz, quien, en colaboración con el fiscal adjunto superior Luis Enrique Ruiz Caro Pérez, fundamentó la necesidad de la prisión preventiva. Presentaron un conjunto de más de 350 pruebas que conectan a los acusados con los delitos que se les imputan.
Dos individuos adicionales supuestamente vinculados a la banda delictiva, Martín Paredes Cayo y Luis Mayta Barrientos, han sido sujetos a la medida de comparecencia restringida. Además, se les ha impuesto la obligación de pagar una reparación civil de S/10 mil y S/4 mil, respectivamente.
