La jefa de Estado indicó que “Ni un solo sol del Erario Público será para pagar a terroristas”
La presidenta de la república, Dina Boluarte, ha emitido una enérgica declaración en respuesta a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de declarar admisible la denuncia presentada por Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Desde Santa Rosa de Alto Yanajanca, que en el pasado fue un bastión del narcoterrorismo, la presidenta Boluarte expresó su indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay. En este sentido, ha ordenado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que coordine una respuesta decidida en nombre del Estado peruano. «No destinaremos ni un solo sol del Erario Público para pagar a terroristas», afirmó.
Te puede interesar:
Ministro de Justicia afirma que el retiro de Perú de la CADH no está en la agenda del Gobierno
A través de la cuenta oficial de la Presidencia, Boluarte subrayó que los recursos públicos tienen un destino claro: «La inversión en salud, educación y seguridad para todas las peruanas y peruanos». declaró.
El premier Alberto Otárola se reunirá con sectores involucrados ante la CIDH
En relación a este caso, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció la convocatoria de una reunión programada para el viernes 1 de septiembre, en la que se espera contar con la participación de los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado, el procurador Público Especializado Supranacional y el procurador antiterrorismo del Ministerio del Interior, junto con otros actores involucrados en la defensa del Perú ante la CIDH.
El jefe de la PCM manifestó que esta decisión responde a la instrucción de la presidenta Dina Boluarte y afirmó que la posición y la respuesta del Estado serán firmes y determinadas frente al cuestionable petitorio presentado por Víctor Polay Campos. La coordinación interinstitucional busca garantizar una respuesta unificada y eficaz ante este proceso ante la CIDH.
La administración de Boluarte reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los peruanos, así como su rechazo categórico a cualquier intento de obtener recursos públicos para fines ilegítimos.
