Por Sergio Tapia T.
Todo lo que denigre la dignidad de la persona humana constituye un ilegítimo ejercicio del poder. Asimismo, todo lo que atente contra el bien común, que es el fin de la convivencia social entre las personas, siendo elementos esenciales de ese bien común la paz y la seguridad para el ejercicio pacífico de sus derechos por parte de los ciudadanos.
Modernamente es, a través de la constitución escrita, que las naciones han recurrido a establecer los límites del ejercicio del poder de los políticos. Así, nuestra Constitución en el artículo 46° dispone que nadie debe obediencia a un gobierno usurpados, ni a los que asumen funciones en violación a la Constitución y las leyes.
Aunque no hayamos tenido elecciones, en el 2018, nos hallamos con una nueva persona investida del mandato de Presidente de la República, desde el mes de marzo de 2018, el Ing. Martín Vizcarra, con experiencia política en gobierno regional del sur.
El programa político-cultural del Presidente Vizcarra sigue los lineamientos centrales del Plan de Gobierno de los “pepekas”, y parecería ser la prioridad de mayor envergadura, pues, la ideología de género ha ocupado mucha atención por parte de su equipo ministerial.
No se sabe aún su línea ideológica en lo económico, aquí anda un poco en piloto automático, y quizá un tanto a la deriva. No se observan acciones de promoción económica. Los ministros cercanos a las materias financieras y económico-productivas no se dejan oir.
En lo personal, el Presidente Vizcarra ha emprendido un celoso activismo contra las autoridades de organismos constitucionalmente autónomos.
Produjo la renuncia masiva de los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargados de designar jueces y fiscales, de ratificarlos y de sancionarlos. Además, provocó la renuncia de sus miembros alternos o suplentes, con lo cual nos hemos quedado con un Estado que no puede nombrar ni vacar fiscales ni jueces. Cuyas consecuencias se harán sentir pronto.
Ha emprendido, ahora, la denominada “reorganización” del Ministerio Público (MP). Según el proyecto de ley que el Presidente ha presentado al Congreso, hay una variante en el método aplicado al CNM, pues, en el caso del MP cesan todos los Fiscales Supremos titulares y asumirían sus cargos los Fiscales Supremos adjuntos.
La medida propuesta para aprobación del Congreso, es en realidad una extralimitación de las facultades presidenciales, pues, la Constitución no le confiere reorganizar entidades estatales más allá que las que conduce en el Poder Ejecutivo.
Horas oscuras invaden nuestro escenario político, pues, estos desajustes en el Estado, motivamos por odios, rencores, intereses y motivos ideológicos, Traen consigo empoderamientos de personas y grupos, que traerán negativas consecuencias a la paz social, y dañarán al bien común nacional. Lamentablemente.
Y, ni se diga sobre las libertades ciudadanas que se ponen en riesgo y en peligro, como la libertad de informar y de recibir información cierta y veraz (ojo, no sólo libertad empresarial periodística para algunos). Y, la libertad de conciencia moral religiosa, que también se arriesga xon las políticas impuestas por los ministerios sociales.
El 2019 no se presenta al inicio como un año de buen augurio, que prometa paz social y desarrollo en la tranquilidad. Se asoman en el horizonte las sombras de luchas y conmociones dialécticas, se dibuja un año impertinentemente previo al bicentenario republicano.
Es en realidad lo que sigue al 2018, que fue un año perdido, no capitalizado, sin más frutos que una tremenda crisis política que desnudó las más íntimas fibras éticas de muchas personas públicas, de las que se pensaba tenían otra muy diferente estructura personal virtuosa.
