A pesar de advertencias negativas de órganos especializados
La Contraloría General de la República busca aprobar un Proyecto de Ley contra los auditores, creando un nuevo régimen laboral que afectarían sus derechos fundamentales.
El Proyecto de Ley intenta limitar sus atribuciones e independencia sometiendo sus informes técnicos a revisiones de los superiores para cambiarlas según su criterio, vulnera sus derechos constitucionales impidiendo ingresar a la institución a nuevos auditores si se pasan los 30 años, intentan “obligar voluntariamente” a los auditores a someterse al polígrafo, si éste se niega podría ser sancionado y/o destituido, intentan levantar su secreto bancario, a pesar que los auditores no manejan presupuesto.
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Si los auditores no se someten a estos designios que impulsa el Proyecto de Ley, los obligarían a desvincularse voluntariamente de la institución.
El Proyecto de Ley, que sólo fue debatido en la Comisión de Fiscalización, a pesar que debió verse en las comisiones de Trabajo, Justicia, Constitución y Economía, fue aprobado por el Congreso de la República sin mayor análisis, conocimiento de la opinión pública y el debate necesario en los medios de comunicación.
El Proyecto de Ley fue observado con buen criterio técnico por el Ejecutivo a recomendación de los órganos especializados como SERVIR, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, etc.
“Este Proyecto de Ley vulnera los derechos laborales y constitucionales de los más de cinco mil trabajadores de la institución, pues con la etiqueta de la lucha contra la corrupción, intenta someter a los trabajadores de carrera a sus designios”, indicó el Sub Secretario del Sindicato Nacional de trabajadores de la Contraloría, Yonnathan Gavilano.
“Desde hace meses nos intentan vender la idea farandulera del sillón rojo, pero en la realidad es la silla eléctrica para quienes nos oponemos a este tipo de control draconiano y autoritario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Contraloría se opone a esta medida nefasta y perjudicial que acabaría con la independencia de los auditores, destruiría la lucha contra la corrupción y llevaría un enorme e incalculable perjuicio para miles de familias” añadió.
