El Consejo de Ministros aprobó un decreto que endurece las penas en el Código Penal, enfocándose en el robo de celulares
El robo de celulares en Perú ahora conlleva sanciones más estrictas. El primer ministro Alberto Otárola anunció el 16 de octubre que, en la reciente reunión del Consejo de Ministros, se aprobó un decreto legislativo para fortalecer la prevención y combatir el comercio ilegal de teléfonos móviles en el país.
Esta medida surge ante las alarmantes estadísticas sobre el robo de estos dispositivos. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), diariamente se sustraen cerca de cinco mil celulares a nivel nacional, ya sea en el transporte público, en la vía pública o incluso frente a los hogares.
El gobierno detalló que esta modificación en el Código Penal incluye el robo de dispositivos móviles, computadoras u otros similares como una circunstancia agravante en el delito de robo agravado. La pena por este acto delictivo oscilará entre 12 y 20 años, aumentando a 20 a 30 años cuando se empleen explosivos o vehículos motorizados para cometerlo.
Entre las novedades, se contempla también la imposición de penas severas para aquellos que practiquen la receptación, definida como la provisión de documentos para encubrir el origen ilícito del bien o de sus partes.
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Dispositivos con IMEI modificado
También será sancionada la venta o importación de dispositivos que faciliten la manipulación de códigos IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil), MAC (Control de Acceso al Medio) o SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor).
El gobierno de Dina Boluarte subrayó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Osiptel, se roban un promedio de 4754 celulares diariamente. De febrero a julio de este año, el 12.2 % de los ciudadanos ha sufrido el robo de dinero, billetera o celular, en algunos casos con consecuencias fatales por resistirse al asalto.
La aprobación de este decreto tiene como objetivo combatir el elevado índice de robos de estos dispositivos electrónicos y el comercio ilegal de los mismos. Sin embargo, algunos expertos en seguridad ciudadana advierten que el aumento de las penas no garantiza la detención de los delincuentes.
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