Carlos Flores
El acuerdo secreto del fiscal José Domingo Pérez con Odebrecht constituye un plan de salvataje financiero para la constructora brasileña y un blindaje a Ollanta Humala, PPK, Alejandro Toledo y Villarán, debido a que los proyectos desarrollados durante sus gestiones, en los que se habría pagado sobornos no han sido incluidos.
En el acta se detalla que la empresa y los colaboradores eficaces, entre ellos Jorge Barata, entregaran información sobre cuatro casos de corrupción: Vía Evitamiento Cusco, Corredor Interoceánica Sur, Metro de Lima, tramos 1 y 2, y Vía Costa Verde, Callao. Es decir, nada sobre la construcción de Hospital Lorena y Gasoducto Sur, que compromete al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como los aportes a la campaña por el No a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán.
Dicho convenio evita incautarles sus bienes, algo que pedían desde hace años, para evitar quebrar y poder seguir ganando millones de dólares a costa de los peruanos. El documento fue revelado por el programa PBO, que conduce Phillip Butters por Willax TV.
El “Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios”, firmado el 7 de diciembre del año pasado entre el fiscal Domingo Pérez, el procurador Jorge Ramírez, y los ejecutivos de Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú, Ricardo Machado Weyll y Lourdes Carreño, así lo confirma.
Allí se reseña que el 20 de agosto del 2018 se incautaron 30 millones de soles de las cuentas de la empresa brasilera, y que en base a eso se empezó a negociar.
A pesar de que hace 3 años Jorge Barata admitió delitos en la Costa Verde Tramo Callao, la Vía de Evitamiento Cusco, la Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, y la Línea 1 tramos 1 y 2, el fiscal Pérez no acredita información producto de las investigaciones sobre otras obras, para lograr la colaboración eficaz.
Sin embargo, se menciona que existen otros 16 casos en proceso, que podrían incluirse posteriormente en ampliaciones del acuerdo.
Lo que parece un salvataje financiero, es cuando Machado y Carreño logran que se declare la necesidad de que el Ministerio Público los libere de la Ley 30737 por su situación económica y financiera, además de la valoración probatoria.
“Los activos totales del Grupo Odebrecht, entre concesiones y otros, ascienden a aproximadamente 900 millones de dólares mientras que sus pasivos ascienden aproximadamente a US $ 1500 millones a los que eventualmente se sumarían aproximadamente 200 millones por concepto de reparación civil”, se señala.
Esto resulta en un déficit financiero de 600 millones, por lo cual Odebrecht reconoce que “requiere seguir funcionando para pagar sus acreencias”, porque si entrara en liquidación, dejaría deudas por un valor de US $ 800 millones.
“De no llegar a un acuerdo de colaboración eficaz, por su situación económica, los acreedores la declararían insolvente e iniciarían un proceso concursal ante Indecopi“, se confirma.
La propuesta inicial de Odebrecht era de 297 millones de soles para reparación civil, en aplicación del Reglamento de la Ley N° 30737. Sin embargo, el procurador Ramírez obtuvo 610 millones con la misma fórmula. En junio del año pasado, el entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, había anunciado que el monto bordeaba los 1,500 millones de dólares.
Las cuotas serían pagadas en 15 años, y en el 2019 se abonarían 80 millones de soles, fruto de la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla (en Huánuco). Lo llamativo es que la transacción ha sido por 3,800 millones de soles, con lo cual solo se les descontaría el 3 % de esta.
Otro beneficio para la empresa corrupta es que solo pagará 22 millones de soles cada año, entre el 2020 y el 2029. Es decir, unos 7 millones de dólares cada doce meses, un porcentaje casi centesimal de lo que gana en el mismo lapso.
Archivo
A cambio, Odebrecht se compromete a “entregar los elementos extraídos de los soportes electromagnéticos de los sistemas Drousys y MyWebDay del extinto sector de Operaciones Estructuradas”.
Asimismo, tendrán que mantener hasta el 2039 en sus archivos toda la información de las obras en Perú, y dar documentación si nuestros fiscales descubren “nuevos hechos de contenido penal”, los cuales darían pie a ampliar este acuerdo o realizar otro similar.
“Se obliga a requerir al Primer Juzgado Nacional de Investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios varíe la medida de incautación de 30 millones de soles”, es la promesa de Pérez y Ramírez, luego de que se firme el acuerdo definitivo.
El acta fue suscrita por el fiscal José Domingo Pérez, el procurador Jorge Ramírez y los representantes de Odebrecht-Perú Ricardo Machado y Lourdes Carreño. En la reunión también participaron el coordinador del equipo especial, Rafael Vela, y el director de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz. (Ver todas las páginas en la web www.larazon.pe)
