Se dieron créditos millonarios a 35 grandes empresas en vez de a pequeños agricultores
La ciudadana Claudia Virginia Zumaeta Salas denunció penalmente a dos funcionarios de la Superintendencia de banca, seguros y AFP (SBS) por no haber fiscalizado los malos manejos financieros de Agrobanco durante la gestión humalista, período en el cual se generó una deuda
Como se sabe, el 2001 el Gobierno creó Agrobanco como una entidad financiera adscrita al Ministerio de Agricultura y que era supervisada por la SBS. El objetivo de Agrobanco era dar préstamos bancarios a pequeños y medianos productores (de 3 a 100 hectáreas).
Sin embargo, los directivos y exdirectivos de esta institución modificaron ilegalmente sus estatutos con la finalidad de favorecer entre los años 2014, 2015 y setiembre de 2016 con financiamiento a 35 grandes empresas con un crédito ascendente aproximadamente a la suma de S/500 millones.
Esto a vista y paciencia de los funcionarios públicos de la SBS quienes, pese a tener como obligación la supervisión de la actividad financiera de Agrobanco, jamás “observaron” dichas irregularidades a efectos de denunciarlos ante las autoridades correspondientes.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso LA RAZÓN, Zumaeta Salas denunció a Luis Martín Auqui Cáceres, en su calidad de intendente general de Microfinanzas de la SBS, y a Eliana Isabel León Calderón, en su calidad de Intendente General de Microfinanzas de la SBS, responsable del seguimiento de Agrobanco, y contra todos los que resulten responsables “por la comisión de los delitos contra la Administración Pública – cohecho pasivo propio, omisión de actos funcionales y omisión de denuncia en agravio del Estado”.
La denunciante precisa que “las irregularidades entorno a los préstamos financieros realizados en Agrobanco únicamente han podido darse gracias a la falta de fiscalización por parte de los funcionarios públicos de la SBS vinculados al área de banca y Microfinanzas quienes son los responsables de la fiscalización de la actividad financiera de Agrobanco”.
Durante el periodo donde se realizaron dichos créditos por parte de Agrobanco, los funcionarios públicos de la SBS que se encontraban a cargo del área de banca y microfinanzas eran Auqui Cáceres, quien ejercía el cargo de “intendente general de microfinanzas” de la SBS, quien tenía como su subordinada a León Calderón, quien ejercía el cargo de “intendente de microfinanzas”.
Se añade que en las juntas de accionistas de Agrobanco, las acciones del Estado son representadas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Este detalle tiene relevancia debido a que Luis Martín Auqui Cáceres, intendente general de Microfinanzas de la SBS, es hermano de Mercedes Auqui Cáceres, quien era una de las directoras del Fonafe en aquel momento.
“Esta situación ilegal, que fue de pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la SBS, así como de los miembros del directorio de Agrobanco, jamás fue denunciada ante las autoridades administrativas como el Ministerio Público, ello en clara contravención de sus funciones y, particularmente, a su deber especial de proteger el interés público, razón para que la Fiscalía abra investigación preliminar a fin de determinar las responsabilidades penales de cara a los delitos de cohecho pasivo propio, omisión de actos funcionales y omisión de denuncia que se encuentran tipificados en el artículo 377º, 393º y 407º del código penal, respectivamente”, detalla el documento de denuncia.
