La Fiscalía ratificó que el expresidente Martin Vizcarra recibió coimas por S/ 2,3 millones de parte de constructoras a cambio de dos obras cuando era gobernador de Moquegua, por lo que solicitó una condena de 15 años de prisión.
Indicó que Vizcarra recibió sobornos de S/ 1 millón por el proyecto Lomas de Ilo y S/ 1,3 millones por el Hospital de Moquegua.
La Fiscalía lo investigó por cuatro delitos: cohecho, colusión agravada, asociación ilícita y usurpación. Posteriormente, concluyó que el delito que mejor se acomodaba a los hechos era el de cohecho, por lo que decidió acusar al expresidente por eso. Y solicitó a la jueza que declare el archivo de los otros tres ilícitos investigados.
Sin embargo, la jueza Margarita Salcedo consideró que Vizcarra sí debe seguir siendo procesado e incluso ir a juicio por esos delitos. Por ello, elevó el caso a la fiscalía superior para que esta “ratifique o rectifique” el requerimiento.
Las opciones son que la acusación siga siendo solo por el delito de cohecho, por el que se piden 15 años, o que se amplíe para incluir los delitos que la jueza rechazó archivar. Ello podría elevar también la condena solicitada si considera que todo ocurrió en concurso. La decisión del Ministerio Público aún está pendiente.
ARGUMENTOS
“Existiría más que sospecha reveladora de pagos efectuados como consecuencia del acuerdo colusorio en el que habría participado el procesado Vizcarra Cornejo”, indicó la jueza.
“Si asociamos los elementos de convicción citados, llegamos a la conclusión y convicción de que para la obtención de las sumas de dinero de parte del procesado Vizcarra Cornejo, en ambos hechos, habría existido concertación previa (colusión) […] Los hechos que ha propuesto como hipótesis el representante del Ministerio Público pueden subsumirse bajo los alcances del delito de Colusión simple”, dijo la magistrada.
RED CRIMINAL
En cuanto a la asociación ilícita, recordó que ese aspecto de la investigación partió del vínculo de este caso con el llamado ‘Club de la Construcción’, lo que “no ha sido desvirtuado con actos de investigación de cargo por parte del representante del Ministerio Público, por el contrario se ha visto reforzada”.
La jueza advirtió que para consumarse la adjudicación de obras a cambio de coimas “se requiere necesariamente la concurrencia de dos o más personas” y que “se tiene que se habría contado con la participación de funcionarios de menor rango y con “el concierto de voluntades de terceros” privados.
“Existen cruces de llamadas entre los involucrados, cruces de llamadas y Whatsapp de los que se desprenderían coordinaciones entre Vizcarra Cornejo y José Manuel Hernández Calderón [hoy colaborador eficaz con sentencia] en cuanto al pago indebido”, citó la jueza. También señaló las “declaraciones de los testigos Marta Gutiérrez Yupanqui de Salas, gerente de la empresa ICCGSA-INCOT , declaraciones de Carlos Aranda Huamán y Jaime Salazar Sánchez, testigos presenciales de las coimas y sobre la entrega de dinero”.
“Para la consecución las conductas presuntamente ilícitas, no solo habría intervenido el procesado, sino más de dos personas, por lo que a criterio de la suscrita hay elementos de convicción para estimar que el procesado habría contado con más de una persona para la realización de estas conductas que le son imputables”, concluyó.
USURPACIÓN
Sobre la presunta usurpación, allí se señala a Martín Vizcarra como supuesto instigador al haber delegado responsabilidades a funcionarios de menor rango “para la consumación de los presuntos delitos de colusión”. “La hipótesis relacionada a que el procesado Vizcarra Cornejo haya actuado bajo el título de imputación de instigador no se descarta, toda vez que el fiscal del caso no ha referido con claridad y de manera secuencial cuales son los elementos de convicción que sustentan fehacientemente el sobreseimiento”, dijo la juez.
Con todo ello, la magistrada concluyó que el proceso por los tres delitos debe elevarse el caso a la fiscalía superior “ante la existencia de causa probable, por lo que es necesario llevar a juicio la presente causa”.
“Será en la etapa de juzgamiento donde se acreditará si existe o no responsabilidad de los citados investigados; más aún, atendiendo a hechos graves de corrupción con trascendencia y extensión social, de conocimiento público respecto de conductas ilícitas que darían cuenta de la defraudación de deberes institucionales en el ejercicio de la función pública”, detalló.
S/ 72 MILLONES
La Procuraduría Ad Hoc Adjunta para el caso Lava Jato solicitó dos reparaciones civiles contra Vizcarra y otros involucrados por ambos proyectos.
Las indemnizaciones son de S/42 millones y la segunda de S/30 millones, respectivamente.
“Este caso que conocemos sobre los 42 millones de soles es el caso donde está acusado a 15 años de pena privativa de la libertad conforme la Fiscalía ha presentado así su acusación por el delito de cohecho, por haber favorecido a las empresas Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”, señaló la procuradora Silvana Carrión.
Respecto a la segunda reparación civil contra Vizcarra, esta es solicitada con relación a los casos mencionados anteriormente. Sin embargo, aquí la investigación se enfoca en las acciones ilícitas descubiertas durante la ejecución de las obras.
“El segundo caso está vinculado a estos mismos proyectos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, pero en etapa de ejecución; es decir, hechos que tienen que ver con adelantos directos, adelanto de materiales. En este segundo caso la Procuraduría Ad Hoc ha conseguido ingresar como actor civil y proponer una pretensión preliminar de 30 millones de soles”, explicó Carrión.
Es importante mencionar que la reparación civil del segundo caso alcanza a otras 14 personas. Entre ellos están el exministro de Agricultura y Riego, José Hernández Calderón y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, Edmer Trujillo, entre otros.
PIDE CONDENA
El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, presentó su pedido para que se le impongan 15 años de prisión: seis por los hechos de la obra Lomas de Ilo y nueve por los hechos del Hospital de Moquegua. También requirió 9 años de inhabilitación y una multa de más de S/ 142 mil.
RIESGO DE FUGA
La jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, impuso la semana pasada 12 meses de impedimento de salida del país a Vizcarra.
La magistrada precisó que con el impedimento de salida del país, se evita que Vizcarra rehúya de la acción de la justicia.
Además, precisó que ponderó el derecho constitucional de la averiguración de la verdad con el derecho a la libertad ambulatoria.
