Luego de conocerse de la contratación de tres allegados al hijo de Ciro Castillo en el Gobierno Regional del Callao, el procurador público anticorrupción Engie Juan Herrera denunció penalmente a los involucrados por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
“Interpongo denuncia de parte, contra Juver Santos Periche Vega, Bryan Junior Bravo Fernandez, Eimy Carbajal Atencio y los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, previsto en el artículo 399° del código penal en agravio del estado, representado por la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao”, menciona el documento.
En la fundamentación, el funcionario indicó que “los hechos materia de denuncia son hechos públicos que se han propalado en los medios de comunicación abierta, motivo por el cual con base en lo expuesto se ha procedido conforme a nuestras atribuciones a formular denuncia Penal al advertir presuntos hechos de corrupción que ameritan se inicie investigación en sede Fiscal”.
“El Gobierno Regional del Callao ha gastado hasta S/ 200 mil en contrataciones laborales a amigos de Antonio Castillo, hijo de Ciro Castillo, quien dirige el Gore Callao. Todos unidos por una amistad, órdenes de servicio y miles de soles”, agrega.
S/ 200 MIL PARA AMIGOS
Los escándalos alrededor de la gestión de Ciro Castillo no dejan de crecer. Una reciente investigación realizada por Panorama reveló que el Gobierno Regional del Callao destinó más de S/200 mil en contrataciones a personas cercanas a Antonio Castillo, hijo del gobernador.
En concreto, los contratos obtenidos por estas personas abarcan desde servicios de monitoreo y coordinación de proyectos hasta asistencia jurídica y en salud, a pesar de que en algunos casos, como el de la esposa de Bryan Junior Bravo Fernandez, Eimy Carbajal Atencio, no registra formalmente una carrera relevante a los servicios prestados.
De acuerdo al reportaje, Juver Periche logró adjudicarse contratos por S/20 mil para la coordinación de proyectos, mientras que Bryan Bravo recibió en solo nueve meses S/79 mil por su asesoría jurídica y su cónyuge recibió más de S/40 mil 500.
ESCÁNDALOS
Una de las polémicas que más se le recuerda tiene que ver con su exasistente técnica administrativa, Elvira Madalengoitia, quien sin estudios universitarios y con certificados irregulares logró un puesto en el Gore Callao. Incluso, se conoció que, después de ser captada besando al gobernador, se le duplicó el sueldo.
El poder de Castillo iría mucho más allá de su centro laboral, pues la persona que difundió el encuentro entre ambos fue condenado —en un periodo de solo dos meses— a un año de prisión efectiva por el delito de difamación agravada y recluido en el penal Sarita Colonia.
“Todo abogado litigante sabe que este tipo de procesos demora entre siete, ocho o nueve meses. Este es un mensaje por las denuncias que hizo respecto a los actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao”, consideró el abogado Erasmo Reyna antes de mencionar que “es un atentado” contra la libertad de expresión y opinión.
La defensa del exconsejero y expostulante a la alcaldía del distrito de Carmen de la Legua Reynoso agregó, que al ser un delito menor, las condenas por difamación son suspendidas, de modo que ha apelado a la decisión al considerarla abusiva. “Ese es el mensaje nefasto. Si denuncias, puedes ir preso”, siguió.
“A mi hermano lo quieren silenciar. Si alguien más habla o dicen algo en contra de los que están en el poder, eso les puede pasar […] Lo consideramos injusto”, dijo, por su parte, Hermes Fernández, familiar del recluido inicialmente en el penal Ancón II y después derivado a Sarita Colonia.
