Preocupación internacional por detención y desaparición de Rocío San Miguel en Venezuela, instando al fin de la represión contra opositores
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela mostró inquietud por la detención y desaparición de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos venezolana, el 9 de febrero, y urgió al Gobierno a cesar la ola de represión contra los opositores.
«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores«, advirtió en un comunicado la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a San Miguel el viernes pasado mientras intentaba abordar un vuelo con su hija en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, y desde entonces, su paradero es desconocido.
San Miguel fue arrestada por las fuerzas de seguridad venezolanas el viernes pasado cuando intentaba abordar un vuelo con su hija en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, y desde entonces, se desconoce su paradero.
La activista enfrenta acusaciones de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto rango, así como de presuntamente estar involucrada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país.
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El Gobierno venezolano, indicó Valiñas, «debe proporcionar información sobre el paradero, no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen«.
Patricia Tappatá, otra integrante de la misión investigadora, señaló que la información «tardía e incompleta» sobre el paradero y la salud de San Miguel y su hija busca «infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno«.
La misión señala que Venezuela ha experimentado una serie de acciones que violan el Derecho internacional, como la detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias y militantes del partido Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición.
La misión también destaca la inhabilitación de dirigentes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado, para ejercer cargos públicos como otro ejemplo de abusos en Venezuela.
«Las autoridades han tratado de justificar éstas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado«, indicaron los expertos de la misión.
«Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos«, concluyó Valiñas.
Valiñas, Tappatá y el abogado chileno Francisco Cox integran la misión tripartita encargada de investigar abusos a las libertades fundamentales en Venezuela, y han publicado varios informes críticos sobre el gobierno de Maduro.
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