Organizaciones ambientalistas impulsan una veloz recolección de firmas para presentar recursos legales y prohibir todo tipo de obras en esta zona.
Cientos de voces se alzaron en protesta cuando se conoció el proyecto inmobiliario para construir 29 edificios en Punta Ballena, en el departamento Maldonado, en Uruguay. El rechazo a la iniciativa llegó de parte de los vecinos de esa zona, académicos, organizaciones ambientalistas y gremios de profesionales, que expresaban su preocupación por el daño ambiental que se provocaría en el lugar.
Durante la etapa que finalizó en diciembre, el Ministerio de Ambiente recibió más de 10.600″consideraciones sobre la propuesta. Este número superó largamente las que había llegado por la obra de UPM, cuando anunció que construiría su segunda planta de celulosa en Uruguay. Ahora esa secretaría de Estado analiza los comentarios como paso previo a convocar a una audiencia pública sobre el proyecto, que no se llevará a cabo antes de marzo.
Mientras el ministerio analiza esta documentación, entra en marcha una campaña de firmas para presentar dos peticiones con propuestas para preservar los territorios de Punta Ballena. Esta es la segunda etapa de movilizaciones, tras las desplegadas durante la etapa de “manifiesto”, y se basa en la presentación de dos recursos de la sociedad civil que están previstos en la legislación uruguaya.
El plan es “definir un estatus formal, obligatorio, de Punta Ballena, que no permita la ejecución del proyecto inmobiliario propuesto ni ningún otro en el futuro”, de acuerdo lo establece un documento con los aspectos legales de la iniciativa.
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Una de las propuestas será enviada al presidente Luis Lacalle Pou y a los ministros de Ambiente y Ordenamiento Territorial y solicitará que Punta Ballena sea declarada como un Área Natural Protegida.
Durante la etapa de manifiesto, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, había informado que uno de los puntos que analiza su cartera es si declarar o no una “protección ambiental” para la zona. “Sería una buena medida y lo estamos analizando, por sí o por no”, señaló.
Una posibilidad, mencionó entonces, sería que se declare la zona como un área protegida, lo que implicaría que no se pueden hacer construcciones de este tipo. El funcionario aseguró que su cartera se está asesorando para decidir si ese es el camino adecuado o existen otras vías de solución. Una decisión del estilo permitiría también “controlar” otras actividades que hay en la zona, como las de parapente y senderismo.
