Sin experiencia, pero con pagos altos. La contadora y cercana Otárola, Yaziré Pinedo, obtuvo contratos estatales en 2018, 2022 y el año pasado
Según un informe publicado este miércoles por El Comercio, Yaziré Pinedo (26), contadora y cercana al ex primer ministro Alberto Otárola, firmó sus dos primeros contratos con el Estado en junio y agosto de 2018, poco después de comenzar sus estudios universitarios.
Sin experiencia en el sector público, la joven fue contratada por S/ 8,000 para trabajar como asistente administrativa en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), una entidad dirigida entonces por César Figueredo, actual secretario general de Perú Primero, el partido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
Nacida en Tarapoto (San Martín), Pinedo ha declarado en Canal N que su conexión con Figueredo se remonta a 2015, cuando cumplió la mayoría de edad. Seis años después, en junio de 2021, se graduó como bachiller en esa institución educativa y al año siguiente obtuvo su título de contadora pública en la misma universidad, según información del portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
A pesar de afirmar poseer un máster en Gestión Pública, este título académico no está registrado en el portal de la Sunedu. Poco después de obtener su título universitario, Pinedo consiguió una orden de servicios por S/ 24,000 en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en agosto de 2022. Esto ocurrió durante la administración del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien está bajo custodia por acusaciones de corrupción y rebelión.
La ARCC, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), era dirigida en ese momento por Robert López. López fue detenido en agosto pasado en relación con el caso «Los Operadores de la Reconstrucción«, una investigación por presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios (colusión agravada).
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Según El Comercio, tras obtener el contrato en esa entidad, la contadora presentó una declaración jurada comprometiéndose a enviar su constancia de trabajo de Cofopri, un documento que validaría sus supuestos «años» de «experiencia» en dicho organismo. No se especifica si finalmente lo hizo.
En diciembre de 2022, cuando Otárola fue nombrado ministro de Defensa por la presidenta Dina Boluarte, Pinedo lo visitó en su despacho, pero esta reunión no fue registrada oficialmente. Pocos días después, Pinedo recibió dos órdenes de servicio del ministerio por un total de 18,000 y 35,000 soles respectivamente. Estas órdenes eran para tareas de archivo, organización y clasificación de expedientes, así como para la redacción de oficios y cartas relacionadas con la fiscalización posterior de las contrataciones.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que ese empleo estatal acarreó irregularidades, ya que las «dos adjudicaciones sin procedimiento» fueron asignadas, según un informe, para «actividades que no corresponden o son incompatibles» con la modalidad de contratación de locación por servicios.
A principios de 2023, cuando Otárola ya estaba a cargo del Gabinete, Pinedo recibió un correo electrónico de la PCM solicitando una cotización por el servicio de atención administrativa en la Oficina de Abastecimiento. Este requerimiento, según especialistas, generalmente se envía a profesionales de alto perfil. Sin embargo, Pinedo no respondió al correo electrónico.
De 2018 a 2023, Pinedo recibió un total de S/ 85,000 del erario nacional. Una conversación filtrada a la prensa esta semana, en la que participa junto al ex primer ministro, con quien según su testimonio tuvo una relación efímera en 2021, ha causado un revuelo político y la dimisión del que fuera el segundo al mando de Boluarte.
La contadora ha afirmado que la revelación fue parte de un «complot» contra Otárola, en el que participaron Figueredo, Vizcarra y el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte. Según su versión, Nicanor Boluarte la contactó para ofrecerle dinero como parte de la conspiración con el objetivo de lograr el cese del expremier y así nombrar a una persona más afín en su lugar.
La Fiscalía, que está investigando el caso, acusa al ex portavoz del Ejecutivo de ser el presunto instigador del delito contra la administración pública (negociación incompatible), aunque él sostiene que no cometió ningún acto ilegal.
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