Juez Pedraz dictamino que la red social Telegram sea suspendida por violación de derecho de propiedad intelectual
El panorama digital en España ha dado un giro contundente con la orden del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien ha dictaminado la suspensión de la red social Telegram en el territorio español en un plazo de tres horas. Esta medida cautelar surge en el marco de una investigación por violaciones continuadas a los derechos de propiedad intelectual en varios canales creados en la mencionada plataforma.
Las autoridades, aunque no han revelado detalles sobre los denunciantes ni los contenidos específicos que motivaron esta acción, han subrayado la necesidad de tomar medidas drásticas ante la falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes en una comisión rogatoria enviada para obtener información técnica que permitiría identificar a los titulares de las cuentas involucradas en las infracciones.
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La Audiencia Nacional respalda la decisión del juez Pedraz al considerarla necesaria, idónea y proporcional para detener la reiteración de las violaciones de derechos de propiedad intelectual. La falta de cooperación por parte de Telegram y la imposibilidad de obtener los datos técnicos solicitados han acelerado esta medida, que busca proteger los derechos de los creadores y propietarios de contenido en línea.
Además de la suspensión de Telegram, se ha establecido una prórroga de la investigación por seis meses, lo que refleja la seriedad con la que se está abordando este caso y la determinación de las autoridades para resolverlo de manera efectiva. Hasta el 29 de septiembre se extenderá este período de indagación, durante el cual se espera recabar más información y tomar acciones adicionales según sea necesario.
CNN ha buscado obtener más detalles al respecto, incluyendo la identidad de los denunciantes y la respuesta de las autoridades de Telegram ante esta situación, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial.
Esta decisión judicial marca un hito significativo en la lucha contra la violación de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital en España, mostrando la determinación de las autoridades para salvaguardar los intereses de los creadores y propietarios de contenido en línea.
