Los congresistas están obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas sobre sus ingresos, bienes y otros que superen los S/10,300 (dos UIT), al iniciar sus funciones y cada año legislativo. Aunque se espera que la Contraloría General de la República, además de recibir estas declaraciones, fiscalice su contenido para verificar su veracidad y detectar omisiones de información relevante, hasta el momento no ha informado sobre ningún parlamentario que haya omitido o falsificado información. Sin embargo, se revisando las declaraciones juradas de los congresistas y ha encontrado varios casos llamativos de aumento patrimonial, comparando lo declarado en 2021 y 2023.
El propósito de estas declaraciones juradas es permitir que los organismos de fiscalización descarten posibles casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos financieros. Además, sirven para evitar que los funcionarios públicos, como los congresistas, se aprovechen de su cargo para beneficio personal.
Según la norma, la declaración jurada debe contener todos los ingresos, bienes y rentas del obligado, así como sus deudas y cualquier otro beneficio económico, tanto en el país como en el extranjero. Ocultar esta información podría resultar en una investigación fiscal.
Contrastando con Registros Públicos
No se puede acceder a los detalles del rubro «Otros», pero la Contraloría o el Ministerio Público podrían hacerlo. Las entidades fiscalizadoras deben verificar que los datos declarados correspondan a la realidad.
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