El titular de la Fiscalía de la Nación, Juan Carlos Villena Campana tiene pendiente de ejecutar una serie de diligencias en el marco de las investigaciones por el ‘Caso Rolex’ en el que se imputa a la presidenta Dina Boluarte como responsable de la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Ello, luego que se advirtiera que se había hecho de una colección de lujosos relojes de esta reconocida marca que no podían ser justificados con el sueldo que recibía; lo cuales le habían sido entregados en calidad de préstamo indefinido por el Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
En el desarrollo de las investigaciones y tras la ejecución de la diligencia de citación en el Ministerio Público del último viernes 5 de abril, el fiscal de la Nación concibe de manera cada vez más tajante la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario de la presidenta. Ello, como una medida de respuesta al informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que advirtió un desbalance patrimonial de más de S/1 millón de soles en las cuentas de la mandataria.
Posteriormente, esta misma UIF detectó no sólo ingresos, sino también egresos de las cuentas de Boluarte que no habían sido declarados y que superaban la cantidad de ingresos, hecho que es constituido como un presunto desbalance patrimonial.
Los siguientes pasos a dar por parte de la Fiscalía comprende la ampliación de la investigación en contra de Dina Boluarte; la inclusión del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima en ella; el establecimiento de un nuevo delito de cohecho, tras las explicaciones de Boluarte sobre el tema en lo que ha sido considerado como una ‘confesión de parte’; y una nueva medida suscitada tras la difusión de las declaraciones de Dina Boluarte en el Ministerio Público.
Esta nueva medida correspondería al levantamiento del secreto bancario de la presidenta. La idea habría surgido luego de que una pregunta en específico del Ministerio Público le consultara si era posible que la presidenta levantara de manera voluntaria su secreto bancario, hecho que la presidenta negó e insistió a que se realice “solo con la orden de un juez”.
En el Ministerio Público afirmaron que esta solicitud ya estaba sobre la mesa, a fin de evaluar su requerimiento ante el Poder Judicial.
