Por infringir múltiples disposiciones del Código y las Reglamento de éticas
El informe final que recomienda la suspensión temporal en el desempeño de sus funciones y la retención de sus ingresos por 60 días legislativos para la congresista Katy Ugarte Mamani (NoA), por contravenir múltiples disposiciones del Código y el Reglamento de Ética, fue aprobado por mayoría en la Comisión de Ética Parlamentaria, con 12 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Diego Bazán Calderón (AvP), quien preside este grupo de trabajo, ha elaborado el informe final (Expediente 119-2022-2023/CEP-CR), el cual concluye que se han efectuado recortes salariales a varios empleados de la acusada con el propósito de proporcionar fondos a varios periodistas de Cusco, con el fin de mejorar su reputación.
Según el informe de una investigación llevada a cabo ante el Ministerio Público, que examinó las entrevistas realizadas, se confirma no solo la validez del estudio realizado por la comisión, sino que también se complementa y fortalece con argumentos adicionales el informe presentado durante la sexta sesión ordinaria del 4 de diciembre de 2023, que llegó a la misma conclusión.
Antes de la votación final, el congresista Esdras Medina Minaya (NoA) planteó una moción previa para que en lugar de la suspensión, se emita una amonestación por escrito a la congresista Ugarte Mamani, acompañada de un descuento de 30 días de sus ingresos. Sin embargo, esta sugerencia no obtuvo respaldo y fue rechazada por mayoría: 2 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.
Como primer punto de la agenda, se aprobó por consenso unánime (15 votos) iniciar una investigación preliminar contra los congresistas Darwin Espinoza Vargas (AP) y Kira Alcarraz Agüero (PP), debido a alegaciones de un presunto intercambio de favores que implica a dos empleadas del Congreso.
Después, el Informe Final (Expediente 154-2022-2023/CEP-CR) sobre la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (AvP) fue aprobado por mayoría, recomendando sancionarla con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 60 días de su remuneración, conforme al apartado c del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria.
En consecuencia, se le acusa de violar los estándares éticos del parlamento, específicamente el principio de veracidad, el cual requiere que todo congresista diga siempre la verdad durante el ejercicio de sus funciones y actúe con honestidad para generar confianza y credibilidad en la ciudadanía.
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