Además, ordena la puesta en libertad de otras dos individuos
El Poder Judicial ratificó la decisión de mantener la detención preliminar para cuatro personas bajo investigación en el caso «Valquiria», quienes tienen vínculos con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su exasesor, Jaime Villanueva.
En el centro de esta trama legal se encuentran cuatro individuos: el abogado José Luis Castillo Alva, el previo asesor de la fiscal Benavides, Miguel Girao Isidro; Jorge Palomino Quesada, quien fungió como exgerente de logística de la fiscalía, y el policía Jorge Rodríguez Menacho. Recientemente, la Quinta Sala Penal de Apelaciones ha ratificado la orden de detención preliminar por un periodo de 15 días para estos involucrados.
Estas personas se encuentran actualmente bajo investigación debido a las sospechas que recaen sobre ellos por presuntamente haber cometido el delito de pertenencia a una organización criminal, con repercusiones negativas para el Estado.
Después de evaluar detenidamente los argumentos presentados tanto por la fiscalía como por la defensa de los individuos investigados, el tribunal ha emitido un fallo a favor de la detención provisional. Esta decisión se fundamenta en la percepción del juzgado de que la detención es una medida necesaria, prudente y proporcionada, con el objetivo de garantizar el curso adecuado de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos en cuestión.
Dentro del grupo de personas bajo investigación, dos individuos fueron eximidos de la medida de detención. En el caso específico de Mirtha Gonzales Yep y Abel Hurtado Espinoza, se llegó a la conclusión de que no existía un riesgo inminente de fuga ni tampoco representaban un peligro para el proceso judicial en curso. Por ende, se determinó que podían permanecer en libertad mientras continúa la investigación.
El caso conocido como «Valquiria» se centra en una presunta red de influencias que se habría tejido en torno a la figura de la fiscal Benavides. Se investiga la posible existencia de conexiones y coordinaciones entre la mencionada fiscal y varios individuos, aparentemente con objetivos políticos y de favorecimiento personal. Este entramado de relaciones, según las acusaciones, habría sido diseñado para obtener beneficios indebidos y manipular situaciones en favor de ciertos intereses.
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