El director regional de Salud de Huancavelica, Óscar Zúñiga Vargas, informó de la existencia de al menos 56.200 personas del distrito de Huancavelica que están afectadas por la contaminación de metales pesados, entre ellos 1.124 niños y 31 gestantes considerados población de riesgo.
Entre las fuentes de contaminación localizadas en la región mencionó a la laguna altoandina de Choclococha, situada a 4.065 m s. n. m. en Santa Ana, provincia de Castrovirreyna (Huancavelica), debido a prácticas inadecuadas que implementó una compañía extranjera en las aguas de la fuente hídrica.
Respecto a otros focos de contaminación que está afectando la salud de la población, un estudio de la Universidad Nacional de Ingeniería- UNI señala que en esta región hay 50 minas cerradas y 7,522 toneladas de relaves abandonados por las empresas que las explotaban.
Según este estudio, los relaves tóxicos de la mina Martha amenazan la zona de Palca (Castrovirreyna), la de San Genaro a la laguna de Choclococha y de Caudalosa Grande a la laguna de Orconcocha.
Respecto al comportamiento de la empresa San Genera responsable de la contaminación de la laguna de Choclococha, en el 2020, un grupo de comuneros intentó expulsar a la empresa extranjera porque había excedido los límites de la concesión otorgada por el Estado peruano, para instalar jaulas flotantes para la crianza comercial de truchas en la laguna.
La empresa en respuesta los denunció penalmente y el fiscal provincial los denunció por los delitos de usurpación agravada y solicitó al juez la imposición de 12 años de prisión, y una reparación civil de 10.270 dólares y una indemnización de 10.000 soles por cada uno.
Pero, el juez José Antonio Huamán Fernández absolvió a los cinco comuneros: Julio Daniel Huamaní Machuca (ex presidente de la comunidad), Edgar Churata Villa, Cayetano Meza Huamaní, Miguel Florencio Poma Machuca y Magno Edgar Candiotti Huamaní, y ordenó el archivo definitivo del caso.
Estado negligente
Las comunidades campesinas afectadas por la contaminación coinciden en señalar que el gobierno tolera la contaminación producida por las minas