Por: Jorge B. Hugo Álvarez // Inseguridad ciudadana: Un reto para la democracia

Las ciudades en Perú, como venas abiertas albergan una paradoja: son espacios de intercambio, crecimiento económico y diversidad, pero también incubadoras de inseguridad. En un mundo donde más personas residen en áreas urbanas que rurales, la lucha contra la inseguridad se vuelve apremiante.
¿Por qué es crucial abordar este mal que afecta a la inmensa mayoría de peruanos? Por una razón esencial: Sin seguridad ciudadana no hay inversión. Este fenómeno no se reduce a la capital, sino que se replica en todas las regiones del país, generando una sensación de miedo y desamparo generalizado.
El reto de la seguridad ciudadana requiere una respuesta integral que involucre a todas las entidades responsables de la seguridad pública. Lo esencial es reformar radicalmente el modelo contra la inseguridad para reducir las alarmantes cifras y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones tutelares de la patria.
La seguridad ciudadana, como un grito desesperado, nos convoca a una respuesta integral al problema. Entonces, debemos dejar atrás la complacencia y abrazar la radicalidad de la transformación.
Es inaceptable que la inseguridad se vuelva normalidad. Robos, asaltos, extorsión, vidas truncadas por la violencia no pueden ser parte de nuestro paisaje urbano y rural.
Lamentamos que nuestras instituciones, como guardianes de la Patria, hayan perdido la confianza ciudadana. La seguridad, no puede tornarse indiferente cuando nuestra patria se desangra. La seguridad ciudadana no admite medias tintas.
Es hora de reformar radicalmente el modelo. No podemos seguir parchando grietas mientras el barco se hunde. La confianza se gana con resultados, no con los discursos.
Bien clamaba Goethe: “La seguridad es la mayor de las ilusiones; no existen en la naturaleza ni en la vida”. Soñemos, pero no permitamos que la delincuencia, como un monstruo insaciable, desborde los límites de lo imaginable.
Incluso aquellos encumbrados en el poder político, económico o militar no pueden sentirse seguros en sus propios hogares. ¿Qué queda entonces para el ciudadano común, curtido por la incertidumbre?
La calle, antes un espacio de libertad, se ha convertido en un campo minado donde una bala puede segar vidas en cuestión de segundos. No hay excusa válida para no tomar medidas drásticas. Es hora de que nuestras Fuerzas Armadas se unan a las fuerzas policiales en un combate frontal contra la delincuencia.
¿Acaso importan las críticas perversas cuando la seguridad de nuestros derechos fundamentales está en juego? No podemos permitir que miserables bandas criminales, sean extranjeras o connacionales, operen impunemente en nuestro país.
Nuestras instituciones fallan. Las libertades de transitar libremente, de proteger nuestras propiedades y vidas, están en peligro. Pero, ¿qué hacer cuando ni siquiera podemos defendernos?
El mundo parece invertido: los delincuentes tienen más protección jurisdiccional que las víctimas. La fantasía supera a la proterva realidad que percibimos. Entonces, es un imperativo categórico acabar con estas organizaciones y/o bandas criminales de extranjeros y connacionales que operan impunemente en nuestro país.
(*) Abogado penalista y analista político