Estos errores en la instrucción tienen profundas implicaciones
En la Junta de Andalucía, varias relevantes causas judiciales de corrupción, relacionadas con la etapa del PSOE, corren el riesgo de quedar archivadas debido a un error en la instrucción. Este fallo amenaza con engullir estas investigaciones, dejando impunes posibles delitos.
Recientemente, la Audiencia de Sevilla inició el trámite para archivar una pieza desgajada de la macrocausa de los ERE, donde está implicado Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo en la Junta de Andalucía. Rivera está siendo investigado por las ayudas concedidas a la empresa Ubago, dedicada a la fabricación y distribución de conservas y a la importación de productos pesqueros.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dado parcialmente la razón a Rivera, declarando la nulidad de las pesquisas sobre la pieza de Ubago a partir del 10 de abril de 2017. Este fallo se debe a un error en la instrucción, específicamente en la prórroga de los plazos de la investigación, lo que invalida toda la información recopilada después de dicha fecha. Según un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «el plazo hábil para la instrucción del proceso expiró el 10 de abril de 2017 y, por consiguiente, se declara la nulidad de toda la instrucción posterior y, con ella, la expulsión del acervo probatorio de las diligencias ordenadas con posterioridad a dicha fecha, que no podrán fundar el juicio de acusación».
Aunque Rivera había solicitado el archivo directo de la causa, los magistrados han remitido el caso al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El juez de instrucción deberá evaluar si las pruebas y testimonios recabados antes del 10 de abril de 2017 son suficientes para llevar a Rivera a juicio.
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Este error en la prórroga de los plazos no es nuevo y ya ha afectado a otras causas de corrupción. Un caso emblemático es el de Isofotón, donde se investigaban 80 millones de euros inyectados irregularmente en la fotovoltaica malagueña por los anteriores gobiernos del PSOE entre 2005 y 2012. Esta causa fue archivada en octubre de 2022 por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla debido a un defecto de forma en la ampliación del plazo de la investigación. La juez Patricia Fernández Franco se excedió en el plazo legal establecido, provocando el archivo de una causa que implicaba a 40 investigados, entre ellos 37 ex altos cargos y directivos de la Junta de Andalucía.
Otro caso afectado por el mismo error judicial es el ‘caso Avales’, archivado en diciembre de 2023. Este caso investigaba la concesión de préstamos y garantías financieras por parte de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía a empresas que no cumplían con los requisitos legales. Al igual que en las causas de Isofotón y los ERE, la prórroga fuera de plazo resultó en un fallo que condenó la causa al fracaso.
Estos errores en la instrucción tienen profundas implicaciones, ya que podrían permitir que casos de corrupción significativos queden impunes. La nulidad de las investigaciones debido a fallos procesales destaca la necesidad de un mayor rigor y precisión en la administración de justicia. Los ciudadanos merecen que los responsables de actos de corrupción sean llevados ante la justicia y que los procedimientos judiciales se manejen con la máxima diligencia para evitar la anulación de causas por errores técnicos.
El riesgo de archivo de estas causas debido a errores en la instrucción no solo afecta a la percepción pública de la justicia, sino que también pone en entredicho la eficacia del sistema judicial para abordar y resolver casos de corrupción de alto perfil.
