En 2016, escribí mi primer libro titulado «Derecho a la Información, el Caso del Etiquetado de los Alimentos Transgénicos». Esta obra, producto de una investigación de más de tres años, se publicó en 2019 con la editorial Porrúa en México.
En el libro, exploro desde la historia de los transgénicos hasta la legislación comparada, con un enfoque en los casos de Perú y México. Pero usted, lector, ¿qué entiende por alimentos modificados genéticamente? Los organismos genéticamente modificados (OGM) son plantas, animales o microbios a los que se les ha alterado su ADN usando técnicas de ingeniería genética.
Según datos oficiales, en aproximadamente doce años ha crecido el área dedicada a la producción de transgénicos a 67.7 millones de hectáreas, representando el 4.5% de la superficie agrícola mundial. Países como Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos lideran esta producción.
Destaca el caso mexicano, donde el Dr. Jorge Sánchez Cordero estudió la controversia jurídica entre indígenas campesinos de la región maya y empresas productoras de alimentos transgénicos.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor de los campesinos en un amparo, basándose en la violación de su derecho fundamental a ser consultados, según el artículo 2º de la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la OIT. La falta de consulta fue el argumento clave, subrayando la importancia de respetar los derechos de las comunidades indígenas,
adicionalmente indico evidencia sobre el obstáculo técnico al comercio para esta comunidad e imposibilitar exportar su producto por encontrarse contaminado por transgénicos.
En Perú, con la Ley 31111 se amplió la moratoria para el ingreso de transgénicos hasta 2035. Además, el Código del Consumidor establece en su artículo 137 que los alimentos transgénicos deben ser etiquetados.
Sin embargo, a catorce años de su promulgación, no vemos estas etiquetas, ni en la leche de fórmula para bebes ni en el aceite que consumimos para cocinar, vulnerando el derecho fundamental de los peruanos a estar informados, según el artículo 65 de la Constitución.
Recientemente, fuimos testigos de la solicitud del Ministerio de Agricultura para permitir el ingreso de cultivos transgénicos al Perú. Esta solicitud revela una mala asesoría y decisiones sesgadas.
Diversos estudios han demostrado que los OGM pueden ser perjudiciales para la salud y la biodiversidad, mencionando riesgos como el cáncer y la pérdida de hábitats para especies. Sin embargo, otros argumentan que los problemas se derivan más del uso excesivo de pesticidas como el glifosato.
El monopolio de grandes empresas y la posible corrupción complican aún más la situación, afectando la capacidad de los estados para garantizar el derecho a la salud, la información y la seguridad alimentaria.
Permitir la entrada de semillas transgénicas podría dañar la fauna del suelo y otras especies beneficiosas, además de presentar obstáculos técnicos para la agroexportación y la agricultura familiar en un país con una rica mega diversidad como Perú.
El Ministerio de Agricultura debe enfocarse en proteger la agrobiodiversidad y garantizar la producción de alimentos saludables para todos los peruanos. Es vital que los legisladores y tomadores de decisiones presten atención a estos riesgos y trabajen para preservar nuestra riqueza natural y la salud de nuestra población.
(*) Abogada Constitucionalista
