El coronel PNP en retiro, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad ciudadana en el país. Según Liendo, el crimen organizado está avanzando a un ritmo más rápido que la capacidad del Estado para enfrentarlo.
Liendo señaló que hay un sector de la ciudadanía que se identifica con los líderes criminales porque estos representan la única referencia de poder y orden que tienen. «Es la única referencia de poder y orden que tienen», afirmó en el programa 2024. Esta identificación con figuras criminales, indicó, es una «fatalidad» que refleja el ambiente en el que viven muchos jóvenes.
El exjefe de la DINI subrayó la necesidad de implementar medidas que puedan controlar el avance del crimen organizado, al que describió como un «problema grave». «Las capacidades de respuesta del Estado no corren a la misma velocidad de cómo varía o cambia el crimen. Esto requiere nuevas respuestas», aseguró.
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Percepción de Inseguridad en Lima
Un reciente estudio de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC) reveló los niveles de percepción de inseguridad en varios distritos de Lima. San Martín de Porres lidera el ranking, con un 95.5% de los encuestados expresando una alta sensación de peligro. San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores le siguen con percepciones de inseguridad del 94% y 92.8%, respectivamente.
El análisis del MIC atribuye esta alta percepción de inseguridad a la experiencia directa o indirecta con el crimen y la influencia de noticias de gran impacto.
Retroceso en la Lucha contra la Inseguridad Ciudadana
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha señalado un retroceso en la lucha contra la inseguridad ciudadana en Perú. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2014-2023, el país ha vuelto a niveles de inseguridad cercanos a los registrados en 2017.
Entre 2021 y 2023, el porcentaje de ciudadanos peruanos mayores de 15 años que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo aumentó del 18.2% al 27.1%. Esta cifra se aproxima a los niveles registrados en 2016 (28.8%) y 2017 (26.4%).
Este incremento en la criminalidad urbana subraya la necesidad de mejorar las estrategias y respuestas del Estado para combatir la inseguridad y proteger a la población.
