Sostiene que poderes del Estado dialogarán para tener posición única sobre Ley que delimita delitos de lesa humanidad.
El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, se pronunció sobre la aprobación del dictamen del Congreso de la República, que delimita la aplicación de los delitos de lesa humanidad a partir del año 2002.
En conversación con la prensa, Demartini dijo que, cuando la respectiva autógrafa de ley arribe al Poder Ejecutivo, se decidirá si la observan o no.
«Como saben, esto se ha aprobado por segunda votación. Esto todavía no llega al Ejecutivo. Nosotros respetamos las decisiones que toma el Congreso. Cuando llegue al Ejecutivo, se evaluará la observación o no observación, como toda norma que tiene este procedimiento», declaró el alto funcionario.
Demartini mencionó que sostendrán un «diálogo» con el Parlamento y el Poder Judicial para adoptar una posición única referente al dictamen. Asimismo, señaló que la propuesta no debe entenderse como «impunidad».
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«Son importantes siempre los organismos supranacionales (como Corte IDH), pero siempre tenemos que tener una posición de país que vaya en relación con nuestros intereses y lo que nosotros queremos fortalecer en políticas públicas internas», comentó.
«No creo que (la propuesta) deba entenderse como impunidad. Todas las normas, las cuales todos los ciudadanos estamos obligados obedecer, tienen un sentido, sobre todo, el sentido de generar una mejor sociedad y construir una mejor nación. No creo que la idea sea impunidad. Creo que los legisladores habrán evaluado por qué están proponiendo esta norma», agregó.
Como se sabe, el Congreso de la República, por intermedio de su titular Alejandro Soto, rechazó con bastante énfasis las injerencias de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en asuntos internos del país.
«Este Congreso del Bicentenario rechaza las intromisiones provenientes de organismos internacionales», escribió Soto en la plataforma X.
«En defensa de la soberanía del Estado Peruano y del fuero parlamentario, se puso al debate y se aprobó la segunda votación del dictamen del Proyecto de Ley N.° 6951/2023-CR. Una vez más, hicimos respetar el artículo 93 de nuestra Carta Magna: ‘Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación'», agregó.
