Hoy, lunes 8 de julio, el Poder Judicial evaluará el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso de la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.
A las 3:00 p.m. se llevará a cabo una audiencia virtual, presidida por el juez Víctor Zúñiga Urday, en la que se analizará la solicitud del Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato de cambiar la actual comparecencia simple por prisión preventiva.
El juez notificó a las autoridades del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, en Ate, Lima, donde Toledo está recluido, para que sea trasladado a la sala de audiencias de este recinto y participe junto a su abogado en la audiencia virtual.
Esta evaluación se da después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocara una resolución previa del juez Richard Concepción Carhuancho, que en marzo había declarado improcedente la instalación de la audiencia de variación del mandato de comparecencia.
El tribunal superior reformó dicha decisión y ordenó la realización de la audiencia virtual a cargo del juez Zúñiga, designado de manera aleatoria dentro de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La fiscal Diana Canchihuaman Castañeda, del Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato, ha pedido una pena de 35 años de prisión contra Toledo, acusándolo de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.
La Fiscalía sostiene que Toledo habría recibido un soborno de la constructora brasilera Camargo y Correa para favorecerla en la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.
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El exmandatario actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en el Penal de Barbadillo por el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, vinculado a Odebrecht, por el cual el fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó 20 años y 6 meses de prisión. Toledo también enfrenta otros procesos penales por la compra de propiedades a través de Ecoteva Consulting Group y presuntos aportes ilegales de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
